Como primordial tarea de la Planeación, es comprender las problemáticas que se expresan en el territorio. En el contexto actual resulta complejo, el espacio habitable se va modificando de acuerdo a la toma de decisiones en el ámbito económico y social que se han promovido a lo largo de la historia y que han configurado y transformado el territorio en lugares fragmentados, desiguales y contradictorios, lo cual remite a insuficiencias de la planeación y de la gestión urbana, frente a procesos urbanos complejos, y sobre todo a la consolidación de un espacio social cada vez más polarizado (Coulomb, 1993).

En México, hace cerca de una década dentro de los llamados gobiernos de izquierda en nuestra ciudad, comenzaron a implementarse políticas innovadoras a nivel local que intentan reconstruir, reconfigurar y perfeccionar los componentes de la democracia, por medio de su compromiso a nuevas formas de representación a través de programas que den apertura a espacios públicos u obras que accedan a la ciudadanía abrir camino en la convivencia y reconstrucción del tejido social.

Al respecto Castro Domínguez (2012) comenta que, la combinación de instituciones relaciones, ideas y prácticas de un gobierno, propician formas particulares de subjetividad que al convertirse en prácticas de gobierno matizan las identidades ciudadanas. Las políticas públicas inmersas en mensajes implícitos muestran las formas en que se espera sea ejercida la ciudadanía, al establecer los contenidos de los derechos y deberes ciudadanos.

La cuestión de lo anterior me lleva a preguntarme, si dichas modalidades están construyendo ciudadanía y generando un compromiso con las prácticas democráticas.

Como primordial tarea de la Planeación, es comprender las problemáticas que se expresan en el territorio. En el contexto actual resulta complejo, el espacio habitable se va modificando de acuerdo a la toma de decisiones en el ámbito económico y social que se han promovido a lo largo de la historia y que han configurado y transformado el territorio en lugares fragmentados, desiguales y contradictorios, lo cual remite a insuficiencias de la planeación y de la gestión urbana, frente a procesos urbanos complejos, y sobre todo a la consolidación de un espacio social cada vez más polarizado (Coulomb, 1993).

En México, hace cerca de una década dentro de los llamados gobiernos de izquierda en nuestra ciudad, comenzaron a implementarse políticas innovadoras a nivel local que intentan reconstruir, reconfigurar y perfeccionar los componentes de la democracia, por medio de su compromiso a nuevas formas de representación a través de programas que den apertura a espacios públicos u obras que accedan a la ciudadanía abrir camino en la convivencia y reconstrucción del tejido social.

Al respecto Castro Domínguez (2012) comenta que, la combinación de instituciones relaciones, ideas y prácticas de un gobierno, propician formas particulares de subjetividad que al convertirse en prácticas de gobierno matizan las identidades ciudadanas. Las políticas públicas inmersas en mensajes implícitos muestran las formas en que se espera sea ejercida la ciudadanía, al establecer los contenidos de los derechos y deberes ciudadanos.

La cuestión de lo anterior me lleva a preguntarme, si dichas modalidades están construyendo ciudadanía y generando un compromiso con las prácticas democráticas.

Esta tesis de maestría tiene como objetivo presentar un método que consiste en relacionar datos de una variable censal que no es coincidente al marco territorial INEGI [Estatales (AGEE), Municipales (AGEM), Básicas (AGEB)], con otra variable, que para este caso es el tiempo con el fin de encontrar valores más acorde a la superficie que se está analizando, ya que uno de los problemas recurrentes en las ciencias sociales deriva del uso de datos que no son suficientemente representativos para el análisis de los fenómenos sociales. Un ejemplo de esto es la base de datos de población que puede ser consultada en el sitio del INEGI, dicha base de datos tiene la particularidad de que puede ser consultada a partir de sus estadísticas históricas (1895-2010) pero estas han sido modificadas bajo criterios de reducción territorial, esto es, se han ido presentado de escalas mayores (por ejemplo: estatal, municipal) a escalas menores (Ageb y manzana).

Dicha peculiaridad hace que muchas veces existan problemas de no coincidencia dato[1]territorio, esto es, que una poligonal posea un espacio de más o de menos de acuerdo a la escala territorial del INEGI, desembocando consecuencias negativas en su representación cartográfica y en sus lecturas históricas. En este sentido, se presenta una metodología (a nivel manzana) destinada a obtener resultados más acordes de una variable censal que no es coincidente al marco territorial del INEGI, como es el caso, de la poligonal del Centro Histórico que presenta un recorte territorial en algunas de sus Agebs, mismo que el análisis por manzana permite superar. Además de ofrecer el análisis por manzana se presenta una lectura más fiel de los datos y una lectura cartográfica nueva.

La eficacia de la metodología propuesta puede ser evaluada a través de la ilustración y los cálculos que hacen confluir métodos estadísticos y un sistema de información geográfico. Se espera que esta tesis sirva de instrumento didáctico para todos los investigadores sociales interesados en el análisis territorial y que también gire en torno a la discusión de la sistematización de un dato para una serie histórica dado que la manera usual es por un método inexacto, de esta manera se podrá profundizar en cuál es la metodología a aplicar más adecuada.

León es el mayor municipio del Estado de Guanajuato y uno de los más grandes del país en cuanto a población. La ciudad de León Guanajuato fue pionera en México en la elaboración y aplicación de planes municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano; desde 1978, recién se promulgó la Ley General de Asentamientos humanos, a nivel local se elaboró el primer Plan Director de Desarrollo Urbano. A partir de entonces ha habido otros cinco planes (Directores o Estratégicos) a saber, el de 1979, 1986, 1991, 1995 y 1997; el último con actualizaciones en 2000, 2003 y 2005 aún vigente. León contó además con el primer Instituto Municipal de Planeación, en 1994 como un organismo técnico con autonomía para ayudar a la ciudad en su ordenamiento y desarrollo.

A partir de la década de los cincuenta León Gto. ha vivido un crecimiento poblacional acelerado y ha sufrido una explosión urbana aún más explosiva. Un dato paradigmático es que de 1980 al año 1995 la densidad de población media en la zona urbana disminuyó un 55%, al pasar de 132 a 67 habitantes por hectárea. El área urbana pasó de 4,492 hectáreas que ocupaba la ciudad en 1980 a 14,458 hectáreas en 1995. Como se observa, en los 15 años mencionados, mientras la población de la ciudad aumentó en un 64,7%, el área urbana lo hizo en un 221%. Pero la ciudad sigue creciendo: de acuerdo a datos del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y de Desarrollo Urbano Municipal, en el 2003 con la última medición a la mano, el área urbana ya abarcaba más de 18,000 hectáreas.

Paralelamente -aunque a menudo señalado en relación directa- a la expansión urbana, en León se ha dado el fenómeno de crecimiento del número de fraccionamientos irregulares: mientras en 1995 de los 744 colonias registradas en la ciudad 125 eran catalogadas por la autoridad como irregulares, lo cual representaba un 16.8%, para el año 2005 ya eran 329 en esa condición, es decir un 33.2% del total. Esto inclusive descontando que en ese lapso, hubo casi un centenar de asentamientos que fueron regularizados.

Así mientras en los últimos años se ha propuesto en diagnósticos y discursos, planes y prospectivas oficiales, que la ciudad “debe redensificarse”, en lugar de continuar su urbanización expandiéndose sobre nuevas áreas de la periferia y, a la par, se ha tratado de “combatir” desde la planeación urbana la aparición de colonias irregulares, ambos fenómenos siguen en crecimiento.

La presente investigación tiene como marco la Planeación Ambiental, la cual es percibida como un instrumento de la política de desarrollo que se encarga de ordenar, de manera justa y sistemática, todas las acciones en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales. De conformidad con las normas, principios y objetivos que establecen la Constitución Política, la Ley de Planeación, la Ley General de los Asentamientos Humanos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su propósito es transformar la realidad socioeconómica y de deterioro ambiental que actualmente enfrenta el país.

La transformación requerida para revertir el deterioro ambiental debe ser impulsada por el Estado a través de la política ambiental, que consiste en un conjunto de orientaciones estratégicas, principios básicos, criterios y lineamientos destinados a orientar las acciones tanto de autoridades como de la sociedad con la finalidad de preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como de proteger, conservar y aprovechar racionalmente los recursos naturales.

En el Estado de México, se ha adoptado una nueva modalidad de urbanización formal que se caracteriza por su novedosa forma de planificación y organización del espacio, en específico, se habla de los llamados Conjuntos Urbanos, que en los últimos años han sido priorizados de manera conjunta entre las autoridades estatales, municipales e inmobiliarios privados, como la alternativa, sino es que la única opción, en cuanto a la producción formal de la entidad mexiquense.

Una modalidad que ha venido a remplazar y limitar el acceso a otras ofertas de producción formal de suelo, como lo fue en su momento, la figura del fraccionamiento que por décadas fue el medio por el cual se incorporaba suelo urbano de manera formal –e informal– a la entidad. Sin embargo, con el paso del tiempo el fraccionamiento se convirtió en una modalidad que se volvió poco compatible no sólo con la nueva forma de concebir el ordenamiento urbano de la entidad, sino también de favorecer el negocio de la construcción y de aquellas actividades ancladas a este sector. Para ello, fue indispensable crear una nueva figura jurídica denominada Conjunto Urbano, con la intencionalidad de establecer una nueva y compleja lógica de “cómo hacer ciudad”.

La figura de conjunto urbano fue incorporada por primera vez a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México (1993), la cual se reguló bajo la misma estructura normativa de la modalidad del fraccionamiento, sin embargo, con el nuevo marco jurídico que representa el Código Administrativo del Estado de México (2001), se limita el acceso a otras ofertas de suelo y por consiguiente, configura al conjunto urbano como una modalidad de urbanización dominante en la entidad mexiquense. Y para fines de esta investigación, se parte del supuesto de que el nuevo marco normativo caracterizado por simplificar y facilitar la incorporación de suelo urbano, vía conjunto urbano, ha propiciado el boom habitacional de la entidad.

Un boom habitacional que se concentra en determinados municipio de la región del Valle de México, principalmente impulsado por los desarrolladores inmobiliarios quienes se han encargado de tener una fuerte participación en la producción de vivienda de interés social y cuya expresión en el territorio, es la conformación de conglomerados urbanos de grandes dimensiones físicas y amplia repercusión social; sobre todo, porque esta oferta habitacional se localiza cada vez más alejada de los principales centros urbanos y en espacios de grandes contrastes y carencias en cuanto ofertas de empleo, acceso a servicios, equipamientos, infraestructura y oportunidades de desarrollo para la población que hoy día es atraída a estos espacios por la oferta habitacional que en ellos existe.

El presente estudio parte de una reflexión sobre los objetivos e instrumentos de la planeación, así como el papel que ésta plantea para las cuestiones culturales que atraviesan la sociedad y específicamente para el tema de las identidades locales. La cuestión que rige la presente reflexión gira alrededor de los límites de la planeación y plantea un cuestionamiento sobre si una de las raíces de éstos es precisamente la escasa valoración que se dio de los actores y las identidades locales. Partiendo de esta la hipótesis, el estudio pretende investigar cómo la observación de los efectos espaciales referidos a las identidades presentes dentro de un territorio puede contribuir a enriquecer y legitimar la planeación local; y en su caso, cómo sea posible integrar este tipo de investigación a la práctica planificadora. Por ello, nos interesa la perspectiva que analiza tanto los procesos como el imaginario social que contribuyen a dicho plan. Paralelamente se reflexiona sobre las modalidades a través de las cuales se puede incluir el tema de las identidades locales en los procesos de planeación y gestión del crecimiento urbano.

El estudio se desarrolla bajo el supuesto de una estrecha relación entre procesos sociales y producción del espacio, es decir, se considera el espacio como producto social. Sin embargo, una revisión de los razonamientos elaborados por diferentes autores (Lefebvre, Coraggio, Harvey y Wallerstein) acerca de la relación entre espacio y sociedad, así como la introducción de la variable temporal (entendida en su dimensión tanto sincrónica como diacrónica de los procesos) nos llevan a reflexionar acerca del concepto de territorio.

Cabe evidenciar que en el contexto contemporáneo, tan fuertemente condicionado por procesos globales, el estudio de las identidades territoriales ofrece una perspectiva para observar la relación entre éstos procesos y la dimensión local.

Por ello, pese a que no se plantea este tipo de enfoque para un territorio o una parte de la ciudad específicos, la ubicación del caso de estudio en la periferia urbana a poniente del Distrito Federal introduce ulteriores elementos que habrá que tomar en cuenta. La investigación se ubica en Huixquilucan, Municipio conurbado de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), mismo que unas veces se le reconoce como espacio urbano y otras como espacio rural.

Así planteado, el trabajo se desarrolla alrededor de dos ejes: las identidades y la planeación (en el contexto de la relación entre lo “urbano” y lo rural), a través de dos 2 temas que permiten vincularlos; los actores sociales y el territorio.

En la actualidad las sociedades y sus gobiernos se ven inmersos en una dinámica compleja que trae consigo nuevas formas de relacionarse con sus semejantes y con el territorio. Por otra parte, la credibilidad y legitimidad de los gobiernos se ha deteriorado, mientras que las actividades de producción y consumo que se requieren para el crecimiento económico tienen impacto sobre el ambiente, teniendo un efecto bidireccional sobre las escalas local y global. Ante estas circunstancias, surgen los conceptos de la sustentabilidad y la gobernanza como modelos ideales de gobernar y usar el ambiente. Estos términos están en construcción, por lo que las investigaciones han enriquecido su significado, aplicaciones y alcances.

La sustentabilidad es entendida como el uso racional y responsable del ambiente y sus recursos, sin afectar el goce de los mismos a las generaciones futuras. En la construcción del concepto se ha evidenciado la urgencia de convertir el tema del cuidado ambiental en un tema transversal dentro de las políticas públicas a fin de crear agendas híbridas, es decir, aquellos planes que vinculen en todos los ámbitos al ambiente.

Por otra parte, la gobernanza proveniente del griego kubernAn que significa conducir o guiar, aludiendo a la forma de gobernar. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha usado para referirse a la manera de gobernar, no jerárquica que reconoce el valor de las redes sociales en las tomas de decisiones. La gobernanza se asocia a diversos temas como la administración pública, el ambiente y al territorio. La versatilidad del concepto permite la continuidad de propuestas referidas a temas como el ambiente que se espera superen la etapa de construcción y concluyan en prácticas que fortalezcan la gobernabilidad.

Se entiende como buenas prácticas de gobernanza aquellas actividades que fomenten la interacción de múltiples actores, instituciones y gobierno de manera equilibrada, coordinada y corresponsable.

La presente investigación vincula la gobernanza y el ambiente a través de un proyecto de corredor verde urbano y da las razones por las que se considera que es una buena práctica de gobernanza, desde su planeación y ejecución. La propuesta es la optimización de los espacios urbanos abandonados como lo son los terrenos de propiedad 7 federal a lado de los ríos e incluir a la ciudadanía y gobiernos locales en el proceso; al tiempo que se evidencia los beneficios ambientales y sociales que se derivan del proyecto.

La dinámica demográfica y urbana en México desde mediados del siglo pasado ha dado origen a la conformación de grandes ciudades, pero al mismo tiempo a un número importante de regiones expulsoras de población, trayendo como consecuencia un territorio urbano disperso y diferenciado que se manifiesta en sus distintas formas de urbanización.

Particularmente, la Zona Metropolitana del Valle México (ZMVM) representa un claro ejemplo de estas diferencias urbanas, en donde es posible identificar desde pueblos conurbados, conjuntos habitacionales, colonias residenciales y hasta colonias populares que se han creado a través de asentamientos humanos, en su mayoría, en situación de irregularidad por su localización geográfica y la tenencia de la tierra donde se construyen, ubicados en el centro y periferia de la ciudad.

De este modo, las colonias populares, han cobrado gran importancia durante la expansión urbana de la ZMVM al concentrar a mediados de los noventa, más del 60%, de la superficie total urbana, situación que ha estado relacionada con la escasez de suelo barato, las ocupaciones masivas de tierra y la intervención de actores sociales con intereses particulares. Esto a su vez ha puesto en evidencia algunos problemas relacionados con la ausencia de un control público en el proceso de urbanización, que ha dado origen a barrios carentes de servicios públicos dentro de un marco de irregularidad.

Dentro de este contexto, la región oriente de la Zona Metropolitana y en especial el municipio de Ixtapaluca constituye uno de los casos más importantes de expansión urbana a través de la urbanización popular, compartida con la presencia de grandes conjuntos habitacionales.

A lo largo de las últimas dos décadas y media ha sido común afirmar que la hacienda pública municipal es cada vez más sólida. Esta fortaleza del municipio mexicano se explica, entre otras razones, por la reforma municipalista de 1983, un conjunto de variables determinantes de la expansión en la recaudación propia y la distribución de recursos fiscales mediante el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). Generalmente la demostración consiste en comparar la evolución tanto de las trasferencias federales (participaciones y aportaciones), como de los ingresos propios (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras), cuya tendencia incremental se debe también a la eficiencia en la recaudación, por el mejor manejo y conocimiento de la base gravable por parte de los gobiernos municipales, y el inapelable buen funcionamiento del SNCF para distribuir recursos a dicho nivel de gobierno. Si es indiscutible el fortalecimiento de la hacienda municipal, hacer un alto y evaluar qué influencia tienen esas, y otras, variables en la variación fiscal de los municipios no debería presentar mayor problema. Es más la evaluación puede resistir el cuestionamiento siguiente: ¿realmente se han fortalecido los ingresos municipales?

Responder la anterior y otras preguntas conduce a evaluar el alcance efectivo de la descentralización fiscal, tras casi dos décadas y media de ponerse en práctica. Más en específico, implica estudiar el debate en torno al federalismo fiscal; analizar el fortalecimiento de los ingresos públicos municipales, así como su evolución y, finalmente, realizar un estudio de caso sobre la gestión municipal de la hacienda en materia de ingresos. Es decir, en términos espacio – temporales, compromete a investigar la variación de lo ingresos públicos de los municipios metropolitanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México de 1980 a 2005. El federalismo grosso modo alude a una forma de organización del gobierno que por acuerdo de los integrantes de la federación se distribuyen responsabilidades entre los mismos para el mejor desempeño de la función pública. Precisamente el federalismo fiscal es el acuerdo alcanzado por las partes para tributar y gastar, buscando lograr la eficiencia y equidad de la política fiscal.