El desarrollo de Santa Fe, impulsado por el gobierno capitalino a finales de la década de los 80 como gran proyecto inmobiliario con la finalidad de insertar a México en la economía globalizada, se ha convertido en un pujante centro laboral del sector terciario y como consecuencia, un polo de atracción de población flotante.

De acuerdo a lo anterior, el objetivo de esta investigación consiste en explorar el efecto de su ubicación y forma urbana en las prácticas del uso del automóvil de los empleados, tanto para llegar a su trabajo, como para movilizarse dentro de la zona. El estudio se justifica dada la aguda situación de inaccesibilidad y dependencia al automóvil que caracteriza a Santa Fe.

La metodología de investigación conjuga la interrogación de evidencias documentales, estadísticas y cartográficas con el análisis cualitativo basado en entrevistas extensivas dirigidas a trabajadores y funcionarios que acuden a la zona diariamente. Se busca demostrar el carácter multifactorial en la toma de decisiones de la población flotante, mismo que está determinando su elección con respecto a los distintos modos de transporte con que acceden a la zona, que al cruzarse con la dinámica urbana y económica, han ido complejizando la movilidad hacia y en Santa Fe.

En la Ciudad de México, al igual que otras ciudades latinoamericanas, se han producido en los últimos años, importantes cambios en la lógica del urbanismo, en los comportamientos de la población, en la interacción social y en el uso del espacio público en la ciudad, como los que se enuncian en el Cuadro 1. Esta cuestión se encuentra ampliamente vinculada al incremento en la percepción de inseguridad y miedo que se ha instalado en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad, orientando su conducta y sus acciones tanto en relación a los otros como en relación con el entorno que habitan.

El sin número de incertidumbres que impregnan las relaciones socio- espaciales de los habitantes de la ciudad, y forman parte constitutiva de las mismas, se pueden asociar con la idea generalizada, adoptada por buena parte de la población de que vivir en ciudad es llevar una vida cargada de violencia. Como sostiene Cisneros (2008), los constantes y crecientes índices delictivos de los últimos años y las desagradables experiencias cotidianas vinculadas con la violencia e inseguridad, han propiciado un incremento en la sensación de temor y percepción de inseguridad, que ha sido avivada por los medios masivos de comunicación y electrónicos, en los que la ciudad aparece como un lugar caótico, de violencia extrema, inhabitable, inabarcable e incontrolable.

La percepción de miedo sobre la ciudad en general y sobre el espacio público en particular, ha generado un efecto depredador de la dinámica de la vida cotidiana de la ciudad, en tanto que ha implicado una reconfiguración en las formas de uso y apropiación de la misma, pues al exacerbarse la sensación de peligro y el temor social a la ciudad, se posibilita la multiplicación de conductas, en cierto sentido paranoicas, que promueven la fragmentación socio-espacial como mecanismo de protección.

La presente investigación expone las disparidades existentes en el espacio público urbano de la Delegación Azcapotzalco, particularmente en los espacios destinados a la Movilidad Cotidiana y concretamente en los Corredores de Movilidad No Motorizada o ciclovías. Este ejercicio parte de la exposición de la estrategia de Movilidad No Motorizada implementada por el Gobierno del Distrito Federal a través del Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2007- 2012, el Programa Sectorial de Medio Ambiente 2007-2012 y el Plan Verde de la Ciudad de México para poder comprender la situación con respecto al tema en Azcapotzalco a través de su Plan Delegacional de Desarrollo Urbano 2008. De esta manera se presenta un diagnóstico de la zona y particularmente de la infraestructura de la primera ciclovía de Azcapotzalco y una propuesta referente a la optimización de ésta, la cual involucra a la Universidad Autónoma Metropolitana a través de una dinámica de gestión que tendría como base la Planeación Estratégica mediante el planteamiento del Circuito UAM Azcapotzalco.

La historia de la Cuenca del Valle de México es la historia de la ciudad, las inundaciones y el desabasto del agua reflejan la realidad contradictoria que existe en esta región. El gobierno mediante la creación de la Comisión Nacional del Agua y la Ley Nacional de Aguas, establece los principios y estrategias que se deben seguir en el manejo, uso, administración y reutilización del recurso. Los llamados Consejos de la cuenca, creados desde la perspectiva de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, fomentan la cultura del agua y la participación de los distintos actores sociales en el análisis de la problemática. En el marco jurídico que existe en torno a la regulación de este recurso se exalta la importancia de la coordinación y concurrencia de los distintos órdenes de gobierno, pero la falta de instancias que ejecuten las acciones a distintas escalas complejiza el problema. A nivel local, en los pueblos donde se habita población de escasos recursos, existen manantiales y pequeños ríos, que son valorados por la población originaria porque forman parte de su historia de vida y por qué estos los dotan de agua. En San Pablo Chimalpa y Zacamulpa, hay experiencias de gestión comunitarias entorno a la administración del agua que deben de valorarse y evaluarse. En este trabajo se analizará la gestión como proceso que politiza el problema del agua y a los actores involucrados. A pesar de las diferencias administrativas donde se encuentran los pueblos mencionados, la gestión del agua tiene más semejanzas que diferencias lo que refuerza la idea de la naturaleza metropolitana que tienen ciertos fenómenos. Por otra parte, también se debe señalar que desde los pueblos no se identifica una referencia a la cuenca y a los otros niveles de actuación.

La política pública federal en materia de residuos sólidos urbanos se ha venido construyendo en el tiempo; especialmente desde que se va consolidando el campo ambiental ésta toma un impulso nuevo y es a partir de los años 80’s, en base a los proyectos que el Banco Mundial impulsó, que se definen las leyes e instituciones que dan el marco general de la política actual. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en conjunto con la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), por su parte, definen a finales de los años 90, los elementos generales que una política pública relativa a residuos sólidos urbanos debe contener, todo esto en base a un estudio realizado en la región; así, con estos elementos se hace un análisis crítico sobre el diseño de la política pública federal de residuos sólidos urbanos, contenida en el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009 – 2012. La investigación demuestra que la Política busca fortalecer las acciones de entidades y municipios en base a fortalecimiento de las instituciones y la legislación. Por otra parte, hay debilidades como la falta de elementos que tienen que ver con el ordenamiento territorial o el principio de gradualidad. Es de celebrarse el tener una política que responde a los diversos diagnósticos hechos previamente, sin embargo, en el futuro tendrá que integrarse un nuevo elemento como el cultural para entender las definiciones y relaciones que la población da y tiene con lo que coloquialmente se llama basura.

Como primordial tarea de la Planeación, es comprender las problemáticas que se expresan en el territorio. En el contexto actual resulta complejo, el espacio habitable se va modificando de acuerdo a la toma de decisiones en el ámbito económico y social que se han promovido a lo largo de la historia y que han configurado y transformado el territorio en lugares fragmentados, desiguales y contradictorios, lo cual remite a insuficiencias de la planeación y de la gestión urbana, frente a procesos urbanos complejos, y sobre todo a la consolidación de un espacio social cada vez más polarizado (Coulomb, 1993).

En México, hace cerca de una década dentro de los llamados gobiernos de izquierda en nuestra ciudad, comenzaron a implementarse políticas innovadoras a nivel local que intentan reconstruir, reconfigurar y perfeccionar los componentes de la democracia, por medio de su compromiso a nuevas formas de representación a través de programas que den apertura a espacios públicos u obras que accedan a la ciudadanía abrir camino en la convivencia y reconstrucción del tejido social.

Al respecto Castro Domínguez (2012) comenta que, la combinación de instituciones relaciones, ideas y prácticas de un gobierno, propician formas particulares de subjetividad que al convertirse en prácticas de gobierno matizan las identidades ciudadanas. Las políticas públicas inmersas en mensajes implícitos muestran las formas en que se espera sea ejercida la ciudadanía, al establecer los contenidos de los derechos y deberes ciudadanos.

La cuestión de lo anterior me lleva a preguntarme, si dichas modalidades están construyendo ciudadanía y generando un compromiso con las prácticas democráticas.

Como primordial tarea de la Planeación, es comprender las problemáticas que se expresan en el territorio. En el contexto actual resulta complejo, el espacio habitable se va modificando de acuerdo a la toma de decisiones en el ámbito económico y social que se han promovido a lo largo de la historia y que han configurado y transformado el territorio en lugares fragmentados, desiguales y contradictorios, lo cual remite a insuficiencias de la planeación y de la gestión urbana, frente a procesos urbanos complejos, y sobre todo a la consolidación de un espacio social cada vez más polarizado (Coulomb, 1993).

En México, hace cerca de una década dentro de los llamados gobiernos de izquierda en nuestra ciudad, comenzaron a implementarse políticas innovadoras a nivel local que intentan reconstruir, reconfigurar y perfeccionar los componentes de la democracia, por medio de su compromiso a nuevas formas de representación a través de programas que den apertura a espacios públicos u obras que accedan a la ciudadanía abrir camino en la convivencia y reconstrucción del tejido social.

Al respecto Castro Domínguez (2012) comenta que, la combinación de instituciones relaciones, ideas y prácticas de un gobierno, propician formas particulares de subjetividad que al convertirse en prácticas de gobierno matizan las identidades ciudadanas. Las políticas públicas inmersas en mensajes implícitos muestran las formas en que se espera sea ejercida la ciudadanía, al establecer los contenidos de los derechos y deberes ciudadanos.

La cuestión de lo anterior me lleva a preguntarme, si dichas modalidades están construyendo ciudadanía y generando un compromiso con las prácticas democráticas.

Esta tesis de maestría tiene como objetivo presentar un método que consiste en relacionar datos de una variable censal que no es coincidente al marco territorial INEGI [Estatales (AGEE), Municipales (AGEM), Básicas (AGEB)], con otra variable, que para este caso es el tiempo con el fin de encontrar valores más acorde a la superficie que se está analizando, ya que uno de los problemas recurrentes en las ciencias sociales deriva del uso de datos que no son suficientemente representativos para el análisis de los fenómenos sociales. Un ejemplo de esto es la base de datos de población que puede ser consultada en el sitio del INEGI, dicha base de datos tiene la particularidad de que puede ser consultada a partir de sus estadísticas históricas (1895-2010) pero estas han sido modificadas bajo criterios de reducción territorial, esto es, se han ido presentado de escalas mayores (por ejemplo: estatal, municipal) a escalas menores (Ageb y manzana).

Dicha peculiaridad hace que muchas veces existan problemas de no coincidencia dato[1]territorio, esto es, que una poligonal posea un espacio de más o de menos de acuerdo a la escala territorial del INEGI, desembocando consecuencias negativas en su representación cartográfica y en sus lecturas históricas. En este sentido, se presenta una metodología (a nivel manzana) destinada a obtener resultados más acordes de una variable censal que no es coincidente al marco territorial del INEGI, como es el caso, de la poligonal del Centro Histórico que presenta un recorte territorial en algunas de sus Agebs, mismo que el análisis por manzana permite superar. Además de ofrecer el análisis por manzana se presenta una lectura más fiel de los datos y una lectura cartográfica nueva.

La eficacia de la metodología propuesta puede ser evaluada a través de la ilustración y los cálculos que hacen confluir métodos estadísticos y un sistema de información geográfico. Se espera que esta tesis sirva de instrumento didáctico para todos los investigadores sociales interesados en el análisis territorial y que también gire en torno a la discusión de la sistematización de un dato para una serie histórica dado que la manera usual es por un método inexacto, de esta manera se podrá profundizar en cuál es la metodología a aplicar más adecuada.

León es el mayor municipio del Estado de Guanajuato y uno de los más grandes del país en cuanto a población. La ciudad de León Guanajuato fue pionera en México en la elaboración y aplicación de planes municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano; desde 1978, recién se promulgó la Ley General de Asentamientos humanos, a nivel local se elaboró el primer Plan Director de Desarrollo Urbano. A partir de entonces ha habido otros cinco planes (Directores o Estratégicos) a saber, el de 1979, 1986, 1991, 1995 y 1997; el último con actualizaciones en 2000, 2003 y 2005 aún vigente. León contó además con el primer Instituto Municipal de Planeación, en 1994 como un organismo técnico con autonomía para ayudar a la ciudad en su ordenamiento y desarrollo.

A partir de la década de los cincuenta León Gto. ha vivido un crecimiento poblacional acelerado y ha sufrido una explosión urbana aún más explosiva. Un dato paradigmático es que de 1980 al año 1995 la densidad de población media en la zona urbana disminuyó un 55%, al pasar de 132 a 67 habitantes por hectárea. El área urbana pasó de 4,492 hectáreas que ocupaba la ciudad en 1980 a 14,458 hectáreas en 1995. Como se observa, en los 15 años mencionados, mientras la población de la ciudad aumentó en un 64,7%, el área urbana lo hizo en un 221%. Pero la ciudad sigue creciendo: de acuerdo a datos del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y de Desarrollo Urbano Municipal, en el 2003 con la última medición a la mano, el área urbana ya abarcaba más de 18,000 hectáreas.

Paralelamente -aunque a menudo señalado en relación directa- a la expansión urbana, en León se ha dado el fenómeno de crecimiento del número de fraccionamientos irregulares: mientras en 1995 de los 744 colonias registradas en la ciudad 125 eran catalogadas por la autoridad como irregulares, lo cual representaba un 16.8%, para el año 2005 ya eran 329 en esa condición, es decir un 33.2% del total. Esto inclusive descontando que en ese lapso, hubo casi un centenar de asentamientos que fueron regularizados.

Así mientras en los últimos años se ha propuesto en diagnósticos y discursos, planes y prospectivas oficiales, que la ciudad “debe redensificarse”, en lugar de continuar su urbanización expandiéndose sobre nuevas áreas de la periferia y, a la par, se ha tratado de “combatir” desde la planeación urbana la aparición de colonias irregulares, ambos fenómenos siguen en crecimiento.

La presente investigación tiene como marco la Planeación Ambiental, la cual es percibida como un instrumento de la política de desarrollo que se encarga de ordenar, de manera justa y sistemática, todas las acciones en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales. De conformidad con las normas, principios y objetivos que establecen la Constitución Política, la Ley de Planeación, la Ley General de los Asentamientos Humanos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su propósito es transformar la realidad socioeconómica y de deterioro ambiental que actualmente enfrenta el país.

La transformación requerida para revertir el deterioro ambiental debe ser impulsada por el Estado a través de la política ambiental, que consiste en un conjunto de orientaciones estratégicas, principios básicos, criterios y lineamientos destinados a orientar las acciones tanto de autoridades como de la sociedad con la finalidad de preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como de proteger, conservar y aprovechar racionalmente los recursos naturales.