La urbanización con características metropolitanas imprime un impacto importante en las comunidades rurales, pues éstas se vuelven la principal fuente de materias primas para sostener el desarrollo y el crecimiento de las metrópolis. El agua es un recurso escaso con una alta demanda en éstas zonas urbanas.

La ciudad de León destaca por su rápido crecimiento urbano y económico a partir de los años noventa. Este crecimiento ha implicado, entre otras cosas, la demanda de cada vez más cantidad de agua. Para la satisfacción de ésta demanda se ha promovido una estrategia para administrar municipalmente nuevas fuentes de abastecimiento a través de la incorporación de los sistemas rurales de agua al organismo operador municipal.

El objetivo de la investigación es comprender las transformaciones en las prácticas de gestión y uso del agua que ocurren en las comunidades rurales a raíz del proceso de urbanización metropolitana. La aproximación al problema de estudio se llevó cabo desde una metodología cualitativa diseñada para comprender cómo se manifiesta ésta transformación en la construcción del significado que tiene el agua, así como en las prácticas sociales alrededor de ella.

El trabajo de campo se levantó en el periodo marzo-mayo del año 2018 en tres comunidades rurales en el área periurbana de la ciudad de León, Guanajuato: Loza de los Padres, La Laborcita y Ladrilleras del Refugio. La heterogeneidad y diversidad del territorio supone la convivencia de diferentes representaciones sociales sobre el agua. Puede decirse que la gestión metropolitana del agua requiere del establecimiento de redes de gobernanza más estrechas que permitan la integración de los distintos actores involucrados.

Según el diario La Jornada, en 2016 en el país se registraron “al menos 420 conflictos socioambientales, la mayoría relacionados con minería, energía y agua, que atentan contra el equilibrio ecológico y el tejido social” (La Jornada 2016). Estos datos señalan que, de los 420 conflictos identificados, 120 corresponden a minería, 80 al sector energético y 75 están relacionados con agua; es decir, casi el 18% de los conflictos socioambientales en el país están vinculados directamente al recurso hídrico, mientras que el 28% de los conflictos están relacionados con la minería, sector en el cual el agua es un recurso indispensable para su operación. Con lo anterior, podemos expresar que existen conflictos vinculados al recurso hídrico de forma directa, en los cuales el agua es el recurso detonante del conflicto. También es posible observar que, en algunos conflictos socioambientales, en los cuales el recurso detonante del conflicto no es en principio el agua, este recurso puede verse amenazado de manera indirecta, con lo que analizar los conflictos por el agua adquiere mayor importancia en tanto que el recurso puede encontrarse amenazado de manera directa e indirecta. El tema del agua ha sido abordado desde hace ya mucho tiempo por múltiples investigadores (Kloster, 2010; Legorreta, 2006; Soto, 2007) y desde diversas perspectivas que van de lo jurídico a lo infraestructural. La paradoja de partida puede sintetizarse en la expresión según la cual “entre más crece la ciudad, más agua necesita y más agua necesita desalojar” (Legorreta, 2006). Las implicaciones de esta dinámica pueden ser abordadas desde la perspectiva físico-natural, social, incluso sanitaria. En este sentido, organismos internacionales han hecho hincapié en la importancia de garantizar agua potable y servicios sanitarios a la población, pues se afirma que “la disponibilidad de agua segura y condiciones mínimas de saneamiento son fundamentales para proteger la salud de las personas” (Organización Panamericana de la Salud, 2016). A pesar de que el derecho al agua se ha reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como un derecho humano, aún se está lejos de poder ofrecer un acceso universal al agua potable y al saneamiento a todos los habitantes. De acuerdo con la última Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las viviendas habitadas en 2015 a nivel nacional, poco más de 77% dispone de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, mientras que 80% cuenta con drenaje. En términos absolutos esto significa que 7,141,289 de viviendas carecen de agua de la red y pública y 6,539,358 no cuentan con drenaje público. En la Ciudad de México, según la misma encuesta, de las 2,599,081 viviendas particulares registradas, 94% está conectada a la red de drenaje y 90% dispone de agua entubada al interior de la vivienda, lo que en términos absolutos significa que hay casi 260,000 hogares que carecen de este servicio en la capital del país.

Lo a continuación expuesto consiste en un amplio recorrido temático que pretende develar el porqué del actual problema hídrico en el país, y qué caminos han llevado a ello. Se abordan las transformaciones y los efectos de la relación sociohistórica con el agua en tres escalas: a nivel nacional, el Cuenca de México (Ciudad de México) y la escala local en Azcapotzalco, mediante el análisis histórico de las relaciones e intereses de los actores alrededor de tres elementos clave: la gestión, la distribución y el acceso. Con ello, se identifican las condiciones y los efectos dados en los diferentes periodos en la construcción de las prioridades colectivas y normas sociales bajo las que se ha configurado el contexto hídrico actual. Así, el cuerpo del documento se compone principalmente de tres capítulos que exponen la línea argumentativa de la investigación y un apartado final donde se ofrecen una serie de conclusiones.

El presente trabajo de investigación es el análisis cualitativo de la influencia del concepto de resiliencia urbana en el diseño de la política de reconstrucción tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. A lo largo de esta tesis se consideró de suma importancia analizar el papel de los actores que estuvieron involucrados en el proceso de la reconstrucción y el papel que tuvieron en la fase de diseño de la política, todo ello enmarcado desde un contexto de la ciudad neoliberal. Asimismo, se destaca el análisis de casos en el que se toma como una intención comparativa el Terremoto del 27 de febrero de 2010 en Santiago de Chile en el que se consideró dicho evento telúrico como aprendizaje clave para el diseño de la Estrategia de Resiliencia de esta ciudad, así como una breve referencia del Terremoto de 1985 en México que da cuenta de la enseñanza en materia de reconstrucción. Se destaca que las condiciones de ambas ciudades son similares y que cuentan con sus propias estrategias de resiliencia urbana, pero también con sus procesos de desarrollo de capacidades sociales para enfrentar emergencias por sismos. Del mismo modo se analiza la manera en cómo se enfrentó la capital mexicana al desastre y qué actores se involucraron para la reconstrucción. Así como el papel que tuvo la ciudadanía para generar un proceso de resiliencia comunitaria como una forma alternativa de organización frente a la emergencia por el terremoto. Finalmente, y a manera de conclusión se realizó una recapitulación de la investigación sobre el cuestionamiento de las estrategias de resiliencia y su funcionalidad, así como el interés que persigue y hacia quién estaba orientada la política que iba a implementarse para recuperar a la ciudad, destacando con ello el papel preponderante de los actores económicos y sociales.

Como cada temporada de lluvias en el Valle de México, las noticias dan cuenta de la vulnerabilidad de la metrópoli ante el fenómeno de las inundaciones. En junio de 2018, mientras iniciábamos esta investigación, se anunció que una corriente de aguas negras había interrumpido la circulación sobre la calzada Ignacio Zaragoza dejando inhabilitadas 5 estaciones de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Haciendo un recuento sistemático de eventos, pudimos constatar que en los últimos tres años se han presentado al menos 119 encharcamientos en esta vialidad. Las inundaciones no sólo desquician el tránsito, también ponen en riesgo la salud y el patrimonio de los habitantes en territorios específicos. Aquí un par de ejemplos que nos acercan a la magnitud del problema. El 29 de agosto de 2017, el fraccionamiento Valle Dorado en el municipio de Tlalnepantla se vio afectado por la ruptura del Túnel Emisor Poniente, provocando inundaciones de aguas negras y pérdidas materiales considerables para la población aledaña al sistema de drenaje. Dos días después, los medios de información reportaron una “lluvia histórica” que afectó a cuatro alcaldías de la Ciudad de México, registrando más de 150 puntos de encharcamiento; aunado a ello, pero al otro lado de la ciudad, el canal de aguas negras “La Compañía” amenazaba una vez más con desbordarse sobre varias colonias populares de los municipios Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. La temporada de lluvias representa un enorme desafío para las autoridades, en particular si se considera que se llegan a presentar hasta 100 encharcamientos de forma simultánea en diferentes municipios y alcaldías. Tan sólo en la Ciudad de México, según la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIPC), entre 2015 y 2018 se presentaron más de 2 mil encharcamientos e inundaciones. Los desastres causados por las inundaciones en el Valle de México no constituyen un fenómeno nuevo ni tampoco “natural”. Históricamente, esta amenaza ha sido un foco de atención y debate para las autoridades, para el sector académico y más recientemente para la llamada sociedad civil. En esta arena de discusión −que remonta a la época colonial− se han vertido innumerables argumentos científicos y posibles soluciones al problema; asimismo, es en este escenario que se han configurado las decisiones políticas en materia hídrica, en particular, la construcción de obras de infraestructura que ha conducido a la artificialización del medio natural. Debido a este proceso de artificialización, se puede afirmar que hoy el riesgo por 2 inundación depende de la capacidad de la sociedad para controlar su propia obra, fruto de un acumulado de decisiones hídricas pasadas, más o menos certeras.

El siguiente documento describe la importancia de la gestión urbana en los llamados Grandes Proyectos urbanos, que son un tipo de proyectos a gran escala que resurgieron con un nuevo enfoque en su forma de gestión, especialmente enfocada a la rentabilidad del capital, a la vez que el neoliberalismo se iba implantando en occidente, especialmente en América Latina. Estos implican la asociación de varios actores públicos y privados, nacionales e internacionales, a la vez que se cuestionan los enfoques tradicionales de planeación urbana, dado que en general su escala excede el alcance de las normativas y políticas urbanas anteriores. El documento se centra en cómo el proceso de gestión, específicamente dos de sus componentes: la planeación urbana y la inversión pública, incide en la modificación de la renta del suelo. Para llevar a cabo el objetivo de esta investigación, se analiza el proceso de gestión del GPU Desarrollo Urbano Tres Ríos, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México. Comparando su proceso de gestión con un GP similar en Buenos Aires, Argentina, para después proponer un modelo econométrico que busca deducir el impacto de este proceso en la formación de precios en el mercado del suelo, dentro de la reserva territorial del proyecto, y comparado con la de la ciudad.

El día 19 de diciembre del año 2011 el Bordo Poniente (BP) cerró de forma definitiva sus puertas, propiciando con ello una problemática ambiental caracterizada por el incremento de tiraderos clandestinos eventuales y recurrentes en el Distrito Federal. En algunas colonias los tiraderos, pese a la existencia de un marco normativo, forman parte de la imagen urbana desde hace varios años, pero tras el cierre del “último basurero de la ciudad de México” la problemática alcanzó sus niveles más álgidos en las calles y espacios públicos de la colonia Morelos. La presente investigación tiene como objetivo explicar las causas que han impedido erradicar la problemática en las calles de la colonia Morelos y el barrio de Tepito

La historia de la Cuenca del Valle de México es la historia de la ciudad, las inundaciones y el desabasto del agua reflejan la realidad contradictoria que existe en esta región. El gobierno mediante la creación de la Comisión Nacional del Agua y la Ley Nacional de Aguas, establece los principios y estrategias que se deben seguir en el manejo, uso, administración y reutilización del recurso. Los llamados Consejos de la cuenca, creados desde la perspectiva de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, fomentan la cultura del agua y la participación de los distintos actores sociales en el análisis de la problemática. En el marco jurídico que existe en torno a la regulación de este recurso se exalta la importancia de la coordinación y concurrencia de los distintos órdenes de gobierno, pero la falta de instancias que ejecuten las acciones a distintas escalas complejiza el problema. A nivel local, en los pueblos donde se habita población de escasos recursos, existen manantiales y pequeños ríos, que son valorados por la población originaria porque forman parte de su historia de vida y por qué estos los dotan de agua. En San Pablo Chimalpa y Zacamulpa, hay experiencias de gestión comunitarias entorno a la administración del agua que deben de valorarse y evaluarse. En este trabajo se analizará la gestión como proceso que politiza el problema del agua y a los actores involucrados. A pesar de las diferencias administrativas donde se encuentran los pueblos mencionados, la gestión del agua tiene más semejanzas que diferencias lo que refuerza la idea de la naturaleza metropolitana que tienen ciertos fenómenos. Por otra parte, también se debe señalar que desde los pueblos no se identifica una referencia a la cuenca y a los otros niveles de actuación.

La presente investigación tiene como marco la Planeación Ambiental, la cual es percibida como un instrumento de la política de desarrollo que se encarga de ordenar, de manera justa y sistemática, todas las acciones en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales. De conformidad con las normas, principios y objetivos que establecen la Constitución Política, la Ley de Planeación, la Ley General de los Asentamientos Humanos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su propósito es transformar la realidad socioeconómica y de deterioro ambiental que actualmente enfrenta el país.

La transformación requerida para revertir el deterioro ambiental debe ser impulsada por el Estado a través de la política ambiental, que consiste en un conjunto de orientaciones estratégicas, principios básicos, criterios y lineamientos destinados a orientar las acciones tanto de autoridades como de la sociedad con la finalidad de preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como de proteger, conservar y aprovechar racionalmente los recursos naturales.