Desde hace más de dos décadas la región de América Latina sufre una de las peores crisis en los campos sociales, económicos y políticos. La situación es de tal envergadura que pone en peligro la misma existencia de los países. El descontento popular por las indignantes condiciones de vida de millones de habitantes hace que el panorama no sea nada alentador. Ejemplo de ello, es la crisis boliviana que tuvo como detonante la posible venta de gas a Estados Unidos. Ante estos hechos, quienes dirigen los gobiernos deben implementar de “inmediato” políticas públicas que favorezcan muy en especial a los más pobres de los pobres, con el fin de paliar y frenar la miseria en la cual están sumergidos. Empero, esto no quiere decir, que la sola modificación de las políticas públicas lograran solucionar el problema de la pobreza y la exclusión. Se necesita una redefinición del propio Estado que modifique su conducta en todos los aspectos con una propuesta que busque ante todo la redistribución del ingreso. Sin embargo, la solución no puede esperar por más tiempo. Hoy necesitamos iniciar cambios al interior de nuestras administraciones públicas para aliviar la denigrante vida de los habitantes en las ciudades y en el campo. En este escenario, la presente investigación analiza el nuevo modelo de actuación social puesta en marcha por el Gobierno del Distrito Federal (2001-2002) mediante el Programa Integrado Territorial de Desarrollo Social. El propósito es mostrar el funcionamiento del programa, su aplicación y los resultados obtenidos en su lucha contra la pobreza, con la finalidad de mitigar las condiciones de marginación que afecta a los habitantes de la Ciudad de México. Entre los resultados del estudio se detectaron: la necesidad imperiosa de introducir normas rigurosas para la selección de los beneficiarios, que permita focalizar los apoyos a las familias que verdaderamente lo requieren, evitando ayudas discrecionales o con criterios políticos; definir el uso de las herramientas para la exacta medición de la pobreza; mejorar la gestión en la entrega de los servicios para los más pobres, ya que sólo aumentar el gasto público no basta; precisar el territorio de actuación para la marcha de los programas sociales; fortalecer la participación de la ciudadanía en la definición de sus carencias y de las políticas públicas.

El objetivo del trabajo consiste básicamente en demostrar la exclusión de los demandantes de vivienda de menores ingresos de los organismos crediticios públicos. Se parte del supuesto que dichos organismos de financiamiento podrían ser elementos constitutivos de la política social y en este supuesto, cabe la posibilidad de que se conviertan en una alternativa de solución a las necesidades de vivienda de dichos sectores.