Uno de los bienes de mayor demanda por parte de la población urbana de menores ingresos sin duda alguna lo constituye la vivienda. Por su alto costo económico, este bien junto con el ahorro teóricamente se consideran las principales fuentes de riqueza. Sin embargo, dadas las condiciones económicas de la población ubicada en el estrato inferior, dicho costo ha implicado la carencia y la no consolidación de la vivienda en el mediano plazo para este tipo de hogares.

La acción estatal en esta materia ha reconocido dicha problemática a través de organismos que han pretendido abarcar a la población urbana con menores recursos. No obstante, los procesos económicos ocurridos desde principios de los ochenta han permeado significativamente en la forma y los mecanismos para abordar dicha problemática. De hecho, se puede afirmar en principio, que la política habitacional ha sido uno de los casos mas notables que muestran la alta correspondencia en relación a la estrategia económica aplicada desde entonces, de tal forma que la propia lógica y dinámica de los organismos financieros del sector público han relegado el objetivo por los cuales fueron creados buena parte de los mismos.

El objetivo del trabajo consiste básicamente en demostrar la exclusión de los demandantes de vivienda de menores ingresos de los organismos crediticios públicos. Se parte del supuesto que dichos organismos de financiamiento podrían ser elementos constitutivos de la política social y en este supuesto, cabe la posibilidad de que se conviertan en una alternativa de solución a las necesidades de vivienda de dichos sectores.