Según el diario La Jornada, en 2016 en el país se registraron “al menos 420 conflictos socioambientales, la mayoría relacionados con minería, energía y agua, que atentan contra el equilibrio ecológico y el tejido social” (La Jornada 2016). Estos datos señalan que, de los 420 conflictos identificados, 120 corresponden a minería, 80 al sector energético y 75 están relacionados con agua; es decir, casi el 18% de los conflictos socioambientales en el país están vinculados directamente al recurso hídrico, mientras que el 28% de los conflictos están relacionados con la minería, sector en el cual el agua es un recurso indispensable para su operación. Con lo anterior, podemos expresar que existen conflictos vinculados al recurso hídrico de forma directa, en los cuales el agua es el recurso detonante del conflicto. También es posible observar que, en algunos conflictos socioambientales, en los cuales el recurso detonante del conflicto no es en principio el agua, este recurso puede verse amenazado de manera indirecta, con lo que analizar los conflictos por el agua adquiere mayor importancia en tanto que el recurso puede encontrarse amenazado de manera directa e indirecta. El tema del agua ha sido abordado desde hace ya mucho tiempo por múltiples investigadores (Kloster, 2010; Legorreta, 2006; Soto, 2007) y desde diversas perspectivas que van de lo jurídico a lo infraestructural. La paradoja de partida puede sintetizarse en la expresión según la cual “entre más crece la ciudad, más agua necesita y más agua necesita desalojar” (Legorreta, 2006). Las implicaciones de esta dinámica pueden ser abordadas desde la perspectiva físico-natural, social, incluso sanitaria. En este sentido, organismos internacionales han hecho hincapié en la importancia de garantizar agua potable y servicios sanitarios a la población, pues se afirma que “la disponibilidad de agua segura y condiciones mínimas de saneamiento son fundamentales para proteger la salud de las personas” (Organización Panamericana de la Salud, 2016). A pesar de que el derecho al agua se ha reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como un derecho humano, aún se está lejos de poder ofrecer un acceso universal al agua potable y al saneamiento a todos los habitantes. De acuerdo con la última Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las viviendas habitadas en 2015 a nivel nacional, poco más de 77% dispone de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, mientras que 80% cuenta con drenaje. En términos absolutos esto significa que 7,141,289 de viviendas carecen de agua de la red y pública y 6,539,358 no cuentan con drenaje público. En la Ciudad de México, según la misma encuesta, de las 2,599,081 viviendas particulares registradas, 94% está conectada a la red de drenaje y 90% dispone de agua entubada al interior de la vivienda, lo que en términos absolutos significa que hay casi 260,000 hogares que carecen de este servicio en la capital del país.
Idónea Comunicación de Resultados
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
Autora:
Arcelia Edith García Lira
Asesor:
Dr. Jerónimo Aurelio Díaz Marielle
Fecha:
Marzo 2021
TagsConflicto urbano, Gestión urbana, Participación ciudadana
Actualmente, después de cincuenta años de peatonalización de calles comerciales o turísticas de los centros urbanos, las autoridades públicas y los investigadores vuelven a descubrir a los peatones y el valor sustentable o sanitario de la movilidad peatonal. Asimismo, reconocen que los desplazamientos a pie han sido hasta ahora poco estudiados y que se conocen muy poco los actores de los mismos. La movilidad a pie es una actividad subestimada e, incluso, invisible. Basta decir que en la Encuesta de Origen y Destino llevada a cabo en la ZMVM en 2007 no existía la respuesta “caminar” entre los distintos modos de transporte propuestos. Por otra parte, en el Distrito Federal el Reglamento de Tránsito Metropolitano (RTM) y la reciente Ley de Movilidad (2014) estipulan que el peatón tiene la prioridad sobre los demás modos de transporte, pero en los hechos es el gran olvidado de la vida urbana y, a su vez, el más vulnerable.
Objetivos:
1. Reconstituir el surgimiento de las banquetas que estudiaremos y su evolución reciente tanto desde los aspectos morfológicos y funcionales como desde las prácticas sociales.
2. Identificar las partes, los derechohabientes de jure y de facto, los actores que intervienen en su construcción, su gestión, su mantenimiento y su transformación: servicios y administraciones, empresas, vecinos, transeúntes, etc.
3. Observar los usos y entender las reglas y los reglamentos, formales e informales, a los cuales están sometidos.
4. Analizar los debates, los conflictos y las controversias provocadas por su ordenamiento y sus usos.
5. Analizar los determinantes de la producción y regulación de las banquetas por las autoridades.
Año de inicio: 2017
Año de término: 2021
Coordinación: Guénola Capron, Jérôme Monnet, Ruth Pérez López
Participantes internos: María Teresa Esquivel, María Concepción Huarte.
Participantes externos: Salomón González Arellano (UAM-C), Silvia Carbone, Ángela Giglia (UAM-I), Miguel Ángel Aguilar (UAM-I).
Estudiantes de Doctorado: Perla Castañeda, Ana Luisa Diez García, Eliud Gálvez Matías, Natanael Reséndiz, Yazmín Viramontes Fabela.
Financiamiento: Proyecto de Investigación de Ciencia Básica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) núm. 255645.
TagsConflicto urbano, Espacio público, Movilidad cotidiana, Producción del espacio
La nueva “era urbana” responde a profundas transformaciones económicas, políticas, demográficas y tecnológicas que han modificado radicalmente la naturaleza y dinámica de las urbes. En efecto, las ciudades latinoamericanas han centralizado tanto las principales actividades económicas como los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para su propio desarrollo que ha sido mediante el modelo de urbanización neoliberal que al imponer una idea de interés público a través de las políticas urbanas y los llamados megaproyectos ha generado altos niveles de desigualdad, contradicciones y conflictos de carácter estructural al interior de las sociedades latinoamericanas dando como respuesta diversas formas de organización y resistencia ciudadana.
En este contexto, las ciudades han asumido una agenda mucho más compleja que la que tenían hace algunas décadas, las políticas urbanas hoy se caracterizan por una red de relaciones entre una multiplicidad de actores locales y globales (financieros, institucionales, privados, públicos y sociales, entre otros), con intereses enfrentados entre sí y una serie de aspectos económicos, urbanísticos, culturales, sociales y de servicios que son determinantes para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y el disfrute de sus derechos.
En este sentido, la gestión de las ciudades se ha enfocado en la privatización de los espacios públicos, generando o acentuando procesos de exclusión, desigualdad y segregación socio-espacial. Lo anterior se observa en la implementación de las políticas urbanas orientadas a la competitividad de las ciudades y de los llamados megaproyectos urbanos. Dicha competitividad se relaciona con las condiciones físicas, tecnológicas, sociales, ambientales, institucionales, entre otras, que pueden ofrecer al mercado y a los capitales para atraer actividades económicas que permitan generar riqueza e impulsar un desarrollo, a menudo, desigual y excluyente. Esto ha llevado a una notoria disminución de la intervención gubernamental especialmente en el terreno de la planeación y de la gestión urbana (Próvôt Schapira, 2002:35 y 36) y como consecuencia una creciente apropiación de los actores privados (Janoschka, 2002:2). En suma, el carácter económico de las políticas urbanas permite comprender las contradicciones entre una solución privada a los problemas de las metrópolis (movilidad, escasez de agua, vivienda y servicios, entre otros) y las demandas específicas sociales, espaciales, ambientales, económicas y políticas.
Objetivos:
1. Analizar las políticas urbanas y su relación con la generación de conflictos en dos dimensiones: a) como resultados de procesos de transformación urbana y b) sus electos en distintas dimensiones de la vida de los habitantes de la Ciudad de México.
2. Determinar las características de las políticas urbanas a partir de un conjunto de actores y acciones que intervienen en su definición, tomando en cuenta el ámbito institucional, los actores privados (empresarios, financieros) y los movimientos y protestas sociales, los habitantes y ciudadanos.
3. Identificar el papel de las nuevas tecnologías en las formas de organización, movilización y acción colectiva.
4. Identificar a los actores involucrados, sus visiones intereses y percepciones.
5. Identificar, caracterizar y georreferenciar los conflictos en la Ciudad de México a partir de los proyectos y políticas implementadas por el gobierno local y la iniciativa privada, por ejemplo de infraestructura para la movilidad, regeneración urbana y organización colectiva.
6. Distinguir las lógicas que permiten la emergencia de dichos conflictos urbanos una clasificación de los mismos para la Ciudad de México.
7. Indagar sobre los impactos sociales, políticos y ambientales de los conflictos urbanos.
Año de inicio: 2018
Responsable: Jesús Carlos Morales Guzmán
TagsConflicto urbano, Desigualdades socio-espaciales, Gestión urbana, Megaproyectos urbanos, Políticas urbanas
Idónea Comunicación de Resultados
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
Autor:
Irma Herrera Maya
Asesor:
Judith Villavicencio
Fecha:
16/06/2004
Av. San Pablo No. 180 Col. Reynosa Tamaulipas C.P. 02200 Alcaldía Azcapotzalco Ciudad de México
https://www.facebook.com/asur.azcapo
mcht@azc.uam.mx
Área de Sociología Urbana / Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco