El presente documento ofrece una primera aproximación sobre el análisis del impacto social del gasto público y de la protección del derecho a la vivienda de la población beneficiaria por el Programa Nacional de Reconstrucción en el componente vivienda para los años 2019 y 2020. La pregunta que se busca responder es ¿cuáles fueron los beneficios de haber recibido un subsidio para la reconstrucción de vivienda de la población afectada por los sismos de 2017 y 2018? Específicamente, ¿en qué medida la instrumentación del Programa Nacional de Reconstrucción en la vertiente vivienda ha contribuido a avanzar en ejercicio del derecho a la vivienda de las familias beneficiarias? El objetivo general del documento es evaluar el impacto del PNR vivienda en las personas beneficiarias del Programa, en los aspectos económico, social y el avance en materia del derecho a la vivienda adecuada. Metodológicamente, la medición del impacto se hace a través del análisis de los resultados de la aplicación de indicadores que para tal efecto propuso la Comisión Nacional de Vivienda como parte del Sistema de Evaluación Interno, con información de los padrones de beneficiarios del PNR-vivienda de los años 2019 y 2020 publicados en el Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda (SNIIV). Cabe aclarar que el presente análisis es adicional a las mediciones que hace la Comisión, pues tiene un mayor alcance en materia de evaluación.
La mezcla social es un ideal que persigue la existencia de diversidad poblacional en un espacio geográfico determinado y que ha sido generado en diversas partes del mundo para la consecución de diferentes objetivos. La evidencia documental es extensa mas no concluyente sobre hasta qué grado la mezcla social puede ser beneficiosa para las comunidades en donde es fomentada. Las experiencias retomadas en el presente documento dan cuenta de la diversidad de resultados que surgen a partir de la implementación de políticas que buscan generar cierto grado de mezcla. A pesar de ello, dichas políticas siguen siendo propuestas como mecanismo para atender las problemáticas urbanas, así como para la búsqueda de ciudades más justas e integradas, al menos a nivel discursivo. El Gobierno de la Ciudad de México diseñó el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente que busca desarrollar instrumentos que estimulen la producción de vivienda y que permitan la materialización del derecho a la vivienda. Para alcanzar dicho objetivo, ofrece incentivos a productores de vivienda para que incluyan en sus desarrollos 30% de vivienda incluyente. Con ello, el programa fomenta la generación de mezcla social a partir de la proximidad física de población de diferentes niveles de ingreso en un mismo desarrollo. En esa lógica, la presente investigación analiza el diseño del programa para determinar si es una respuesta adecuada a la problemática actual de la ciudad en materia de vivienda. La investigación concluye que el programa adolece de un diseño deficiente al supeditar la producción de vivienda social a agentes externos, pero no contemplar instrumentos integrales que motiven su participación, además de no considerar las características socioeconómicas y culturales predominantes que le permitan fomentar el cambio de paradigma que una política así requiere. Lo anterior, impedirá la consecución de sus objetivos, así como del mandato constitucional sobre fomentar una ciudad más integrada. Por ello, la investigación culmina proponiendo una serie de recomendaciones que podrían ser de utilidad para que el programa pueda tener un mayor grado de éxito.
La investigación consta de cuatro capítulos en los que se analiza el impacto de la política federal de vivienda, aplicada por medio de Perímetros de Contención Urbana, elementos clave para la distribución de los subsidios a la adquisición de vivienda nueva de interés social en el periodo 2012-2018. La zona de estudio corresponde al Área Metropolitana de Guadalajara, con atención especial en el caso del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El tema se desarrolla desde el análisis crítico de los lineamientos y procedimientos para definir y actualizar los polígonos, hasta la evaluación de las respectivas posiciones de los principales actores nacionales y locales en materia de vivienda. La metodología incluyó la organización de varias mesas de trabajo, sobre el problema habitacional en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
De acuerdo con Pablo Yanes (2007), es a partir de la primera elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal que se da un cambio en la implementación de políticas sociales en materia indígena. El Lic. Cuauhtémoc Cárdenas reconoce dentro de la pluralidad de la ciudad a estos pueblos y se les deja de ubicar como parte de los grupos vulnerables, considerándolos, a partir de ese momento como grupos de atención prioritaria y con esto se da inicio a la atención de las necesidades de este sector de la población.
Esto queda plasmado en el Documento Marco de Política Social del Gobierno del Distrito Federal en donde uno de los objetivos es “diseñar una política específica respecto a los pueblos indígenas migrantes en torno a lograr el reconocimiento jurídico de la composición pluricultural de la Ciudad de México y de los derechos de los pueblos indígenas y poblaciones indígenas migrantes, así como impulsar la reforma de las instituciones de la ciudad en la perspectiva de la diversidad cultural, para promover el pleno goce de sus derechos sociales y colectivos, la equidad y el desarrollo de estos pueblos que les permita acceder a la construcción y ejercicio de una ciudadanía multicultural”(1998: 64).
Siguiendo esta línea, se llevaron a cabo diversas acciones como la conformación del Centro de Atención al Indígena (CATIM) desde la Secretaría de Desarrollo Social; se dio una capacitación a los traductores indígenas y a los defensores de oficio mediante el Taller de Formación de Traductores, Interpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas; se organizó la Feria de la Diversidad Cultural y los Encuentros sobre Presencia Indígena en la Ciudad de México. También se construyó la Casa de los Pueblos Originarios en Santiago Tepalcatlalpan Xochimilco y se elaboró el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública (Yanes, 2007).
Más tarde, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con base en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, bajo sus cuatro políticas estratégicas a) el derecho a la seguridad y a la protección civil, b) el desarrollo sustentable; c) la austeridad republicana y d) “Por el bien de todos primero los pobres”, continuó sobre esa línea.
Las colonias Roma, Hipódromo y Condesa, fueron creadas a principios del siglo XX, y su función principal fue cubrir las necesidades de habitación de las familias acomodadas que, en aquel entonces, comenzaban a salir del centro de la capital, en busca de espacios que les permitieran una mejor calidad de vida urbana, actualmente, como consecuencia de procesos demográficos (despoblamiento de las delegaciones centrales), económicos (economías globalizadas y sus consecuencias), el crecimiento de la ciudad y las intervenciones gubernamentales (como la política de redensificación2 ), estas colonias se vuelven a valorizar debido a la importancia de localizarse en la zona central de la ciudad de México, desarrollando una importante dinámica inmobiliaria, la cual es tema de nuestra investigación.
El análisis de nuestra investigación se centra en un segmento del mercado inmobiliario, el estudio de la oferta de vivienda nueva y de segundo uso, en la etapa en la cual un gran número de inversionistas incursiona en la producción de vivienda media y alta -principalmente edificios de apartamentos- en las colonias de estudio. A partir de la implantación del Bando dos, aumenta drásticamente la oferta y las opciones tanto en diseño, acabados, y calidad de obra, como en costos.
En este contexto, nuestra investigación se centra en el análisis de dos aspectos importantes, primero; el funcionamiento del mercado; y segundo, los conflictos sociales, al identificar el impacto que tiene este nuevo proceso inmobiliario y la política de redensificación en la población residente, además del interés de conocer el “perfil” de los nuevos habitantes que llegan a estas colonias.
Uno de los bienes de mayor demanda por parte de la población urbana de menores ingresos sin duda alguna lo constituye la vivienda. Por su alto costo económico, este bien junto con el ahorro teóricamente se consideran las principales fuentes de riqueza. Sin embargo, dadas las condiciones económicas de la población ubicada en el estrato inferior, dicho costo ha implicado la carencia y la no consolidación de la vivienda en el mediano plazo para este tipo de hogares.
La acción estatal en esta materia ha reconocido dicha problemática a través de organismos que han pretendido abarcar a la población urbana con menores recursos. No obstante, los procesos económicos ocurridos desde principios de los ochenta han permeado significativamente en la forma y los mecanismos para abordar dicha problemática. De hecho, se puede afirmar en principio, que la política habitacional ha sido uno de los casos mas notables que muestran la alta correspondencia en relación a la estrategia económica aplicada desde entonces, de tal forma que la propia lógica y dinámica de los organismos financieros del sector público han relegado el objetivo por los cuales fueron creados buena parte de los mismos.
El objetivo del trabajo consiste básicamente en demostrar la exclusión de los demandantes de vivienda de menores ingresos de los organismos crediticios públicos. Se parte del supuesto que dichos organismos de financiamiento podrían ser elementos constitutivos de la política social y en este supuesto, cabe la posibilidad de que se conviertan en una alternativa de solución a las necesidades de vivienda de dichos sectores.
La vivienda es un elemento esencial para la seguridad y el desarrollo de la vida familiar cotidiana, constituye la unidad básica de los asentamientos humanos conjuga temas como población, ecología, y desarrollo económico; refleja múltiples aspectos sociales de la organización del Estado y de la sociedad; es indicador de la calidad de vida de los habitantes de un país o una ciudad; y refleja además la movilización de recursos gubernamentales y la distribución de ingresos entre la población, es por tanto, un elemento esencial de bienestar social.- Es, en consecuencia, una necesidad humana básica y uno de los principales satisfactores y objetivos prioritarios de millones de familias que no tienen la oportunidad de contar con un techo seguro donde vivir. (De León Aulina. 1996)
Uno de los problemas mas graves que hoy por hoy enfrenta la población mexicana, especialmente los sectores de más bajos ingresos es precisamente la carencia de este bien, porque, considerando que su satisfacción no sólo implica un lugar donde vivir sino que cumpla con determinadas condiciones en cuanto a calidad mínima necesaria para lograr que la reproducción social se de en condiciones óptimas (Villavicencio 1995), la vivienda resulta ser un bien muy costoso por la cantidad de materiales y de esfuerzo humano que implica su producción o adquisición en el mercado.
El estudio tiene que ver con la vivienda para los sectores de bajos ingresos en la Ciudad de México, específicamente, con el análisis del proceso de uso de la vivienda que reciben esos sectores como beneficiarios de un programa de interés social. Se privilegian ciertas dimensiones de análisis de ese proceso como son: la relación de los habitantes con los espacios privados y públicos de la vivienda, así como con los factores de localización; la experiencia social de ser beneficiarios tanto en el período previo a recibir la vivienda (gestión) como al ocuparla como beneficiarios.
Objetivos: 1. Conocer y analizar las características principales de la nueva vivienda “social” que se está produciendo en el Distrito Federal desde el año 2000 con énfasis en: los aspectos técnicos, económico financiero, sociales y urbanos. 2. Analizar tanto el tipo de vivienda que se está ofreciendo (tamaño, tipo de recintos y áreas, formas de agrupación, etc.) como los materiales y procedimientos constructivos que se emplean. 3. Indagar en los aspectos económicos financieros. Incluye fundamentalmente costos de la vivienda (suelo, construcción, indirectos, tramitaciones, etc.); financiamiento de la producción (fuentes y formas) y condiciones para la adquisición) enganche, crédito, intereses, subsidios, formas de pago, etc.) 4. Analizar los aspectos sociales para conocer el alcance o magnitud de los programas (cuantas familias han sido beneficiadas); las condiciones que deben cumplir los demandantes para postular; las características (demográficas y socioeconómicas) de los beneficiarios o adquirientes; las relaciones que se establecen en la nueva vivienda y la satisfacción y/o mejoramiento habitacional que ella permite. 5. Analizar la localización de la vivienda nueva a nivel de la ciudad (especialmente Ciudad Central); el impacto (ruptura o incorporación; cambios de usos) en la trama urbana y en el entorno (barrio o colonia) existente y conocer el equipamiento y servicios (transporte) disponible.
Año de inicio: 1998 Responsable: Esquivel Hernández María Teresa
El tema de este trabajo es el hábitat popular en barrios céntricos de la ciudad de México, se estudian aspectos como: consideraciones teóricas; sus características urbanas; la vivienda; la percepción y actitud de los habitantes en torno al hábitat como proceso social; la identidad barrial como factor de residencialidad de los habitantes; la renovación urbana y políticas públicas habitacionales como factores de residencialidad en los barrios céntricos tugurizados; y la construcción de la residencialidad .
La intención de la presente investigación es la de exponer los efectos que tienen los Conjuntos Urbanos en el contexto del proceso de expansión metropolitana en la gestión pública municipal. La llamada periferia urbana no es homogénea y está determinada por un conjunto de procesos y agentes sociales que perciben de manera diferenciada la urbanización, razón por la cual conviene adentrarse en su estructura. Las características políticas, financieras y jurídicas de los gobiernos de algunos municipios periféricos se enmarcan dentro de un territorio que, en los últimos años ha visto cómo se modifica su capacidad administrativa con la llegada de miles de nuevos habitantes en su territorio, lo que implica un reto para estos ayuntamientos pues tienen que adaptar su capacidad de gestión para ajustarse a estos procesos de urbanización.