En México, las condiciones jurídicas, políticas y sociales del país han hecho de la coordinación intergubernamental la base de la gestión de las zonas metropolitanas, ante la complejidad político-administrativa que representaría la instauración de una autoridad o gobierno metropolitano. Sin embargo, esta coordinación metropolitana no es de carácter obligatorio, quedando sujeta en gran parte a la voluntad política de los actores gubernamentales. Asimismo, existen varios desafíos que impiden llevar a cabo una acción coordinada, particularmente vinculados a las facultades y capacidades de los gobiernos locales. Más aún, los arreglos metropolitanos de coordinación han carecido de mecanismos de participación ciudadana; por tanto, las zonas metropolitanas enfrentan un déficit de representación social y ciudadana a nivel metropolitano con consecuencias en el posicionamiento del interés general como criterio del desarrollo metropolitano. La investigación aborda este escenario de gestión metropolitana coordinada y concertada al estudiar el caso de la Zona Metropolitana de la Laguna (ZML), una zona que al ser interestatal permite visualizar los desafíos la coordinación desde la complejidad multi-gobierno. En específico, al buscar analizar la democratización de la gestión metropolitana ante la falta o deficiencias de mecanismos a dicho nivel, la investigación aborda la Agenda Ciudadana para la Comarca Lagunera como un producto de un proceso en el que participaron diversas organizaciones de la sociedad civil con propuestas para impulsar el desarrollo de la zona metropolitana. Se analiza en qué medida la Agenda Ciudadana responde a las necesidades de la gestión metropolitana coordinada, transparente, democrática y participativa en la ZML. Al responder esta pregunta, la investigación presenta conclusiones sobre la relevancia de las agendas ciudadanas como procesos participativos que permiten concebir al territorio metropolitano como un referente para las políticas públicas. Sin embargo, la legitimidad de estos procesos, así como de sus alcances en términos de incidencia, depende de que los procedimientos garanticen que estos procesos participativos sean colectivos, consensuados e incluyentes.