El interés por investigar el tema del clientelismo en las políticas públicas, surge como un resultado directo de mi acercamiento con él, durante el desarrollo de mi proyecto de titulación de licenciatura. En este ejercicio, fundamentalmente de corte teórico, logré llegar a varias conclusiones que actuarían como un marco de apoyo y referencia para el ejercicio de la presente investigación de maestría, siendo uno de los principales, el enunciado en el que sostengo que no solamente el clientelismo es una práctica habitual en las políticas públicas del país, sino que es una práctica que en ocasiones constituye la base misma de estos programas, y de la participación política de muchas localidades. Y es que, pese a ser un elemento que de origen puede considerarse como nocivo para el mismo ejercicio del poder político, en términos de una gobernanza plena y funcional, hay que reconocer su existencia no como algo negativo o positivo, sino como un fenómeno que sucede, que, por ello, debe ser caracterizado correctamente, para que su visibilidad sea clara.

Como parte de la revisión bibliográfica estratégica de la que partió la investigación, se pudo identificar una serie de lineamientos respecto al tratamiento del fenómeno en el país. De entrada se observa que el clientelismo suele reducirse a un mero ejercicio de compra-venta de votos, dejando de lado en gran parte, la presencia de otro tipo de beneficios, particularmente los simbólicos, que sostengo, pueden ser incluso más cohesivos que un simple voto y un simple apoyo monetario, particularmente en los tiempos que nos encontramos, y con la presencia constante de la tecnología, que han creado una forma distinta y muy particular de interactuar con la población, en donde se resalta ahora la importancia de la comunicación indirecta, a partir de fotografías, tweets, hashtags, y demás elementos que constituyen una nueva forma de participación ciudadana indirecta.

Según el diario La Jornada, en 2016 en el país se registraron “al menos 420 conflictos socioambientales, la mayoría relacionados con minería, energía y agua, que atentan contra el equilibrio ecológico y el tejido social” (La Jornada 2016). Estos datos señalan que, de los 420 conflictos identificados, 120 corresponden a minería, 80 al sector energético y 75 están relacionados con agua; es decir, casi el 18% de los conflictos socioambientales en el país están vinculados directamente al recurso hídrico, mientras que el 28% de los conflictos están relacionados con la minería, sector en el cual el agua es un recurso indispensable para su operación. Con lo anterior, podemos expresar que existen conflictos vinculados al recurso hídrico de forma directa, en los cuales el agua es el recurso detonante del conflicto. También es posible observar que, en algunos conflictos socioambientales, en los cuales el recurso detonante del conflicto no es en principio el agua, este recurso puede verse amenazado de manera indirecta, con lo que analizar los conflictos por el agua adquiere mayor importancia en tanto que el recurso puede encontrarse amenazado de manera directa e indirecta. El tema del agua ha sido abordado desde hace ya mucho tiempo por múltiples investigadores (Kloster, 2010; Legorreta, 2006; Soto, 2007) y desde diversas perspectivas que van de lo jurídico a lo infraestructural. La paradoja de partida puede sintetizarse en la expresión según la cual “entre más crece la ciudad, más agua necesita y más agua necesita desalojar” (Legorreta, 2006). Las implicaciones de esta dinámica pueden ser abordadas desde la perspectiva físico-natural, social, incluso sanitaria. En este sentido, organismos internacionales han hecho hincapié en la importancia de garantizar agua potable y servicios sanitarios a la población, pues se afirma que “la disponibilidad de agua segura y condiciones mínimas de saneamiento son fundamentales para proteger la salud de las personas” (Organización Panamericana de la Salud, 2016). A pesar de que el derecho al agua se ha reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como un derecho humano, aún se está lejos de poder ofrecer un acceso universal al agua potable y al saneamiento a todos los habitantes. De acuerdo con la última Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las viviendas habitadas en 2015 a nivel nacional, poco más de 77% dispone de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, mientras que 80% cuenta con drenaje. En términos absolutos esto significa que 7,141,289 de viviendas carecen de agua de la red y pública y 6,539,358 no cuentan con drenaje público. En la Ciudad de México, según la misma encuesta, de las 2,599,081 viviendas particulares registradas, 94% está conectada a la red de drenaje y 90% dispone de agua entubada al interior de la vivienda, lo que en términos absolutos significa que hay casi 260,000 hogares que carecen de este servicio en la capital del país.

En la Ciudad de México, durante el proceso de consolidación, se conformaron numerosos asentamientos populares carentes de equipamiento y espacios públicos. Los habitantes de dichos asentamientos construyeron sus viviendas a través de la autoayuda y lucharon por la regularización de la tenencia de la tierra y la introducción de los servicios básicos, dejando para un segundo momento el trabajo en torno al espacio público. Después de casi una década de la apertura democrática del Gobierno del Distrito Federal, las organizaciones sociales y civiles que habían venido trabajando en asentamientos populares propusieron un programa para mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de la recuperación de los espacios públicos en la escala de ‟barrios”. Así nació, en 2007, el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial (PCMB), a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. El programa planteó algunas ideas innovadoras para construir la ciudad desde la mirada de los habitantes. No obstante, después de seis años de la operación del programa, resulta que 70% de los espacios públicos trabajados por el recurso y lineamiento del PCMB se encuentran con escasos usos y a veces completamente abandonados. Por lo anterior, la presente tesis plantea indagar bajo diversos aspectos: ¿Por qué algunos proyectos son sostenibles, mientras otros no lo son? ¿Cuáles son las causas que impiden o favorecen la sostenibilidad de los mismos? La investigación parte de la definición de las causas exógenas y endógenas a las comunidades. Las causas exógenas se relacionan con la gestión y el mantenimiento de los espacios públicos y las responsabilidades institucionales. Por su parte, las endógenas se relacionan con el capital social, es decir, la sinergia local o, dicho de otro modo, el círculo virtuoso que se forma en el interior de las comunidades. Los casos de estudio demuestran que el capital social se puede construir por medio de un espacio público, siempre cuando esté presente la confianza entre los actores.

Como primordial tarea de la Planeación, es comprender las problemáticas que se expresan en el territorio. En el contexto actual resulta complejo, el espacio habitable se va modificando de acuerdo a la toma de decisiones en el ámbito económico y social que se han promovido a lo largo de la historia y que han configurado y transformado el territorio en lugares fragmentados, desiguales y contradictorios, lo cual remite a insuficiencias de la planeación y de la gestión urbana, frente a procesos urbanos complejos, y sobre todo a la consolidación de un espacio social cada vez más polarizado (Coulomb, 1993).

En México, hace cerca de una década dentro de los llamados gobiernos de izquierda en nuestra ciudad, comenzaron a implementarse políticas innovadoras a nivel local que intentan reconstruir, reconfigurar y perfeccionar los componentes de la democracia, por medio de su compromiso a nuevas formas de representación a través de programas que den apertura a espacios públicos u obras que accedan a la ciudadanía abrir camino en la convivencia y reconstrucción del tejido social.

Al respecto Castro Domínguez (2012) comenta que, la combinación de instituciones relaciones, ideas y prácticas de un gobierno, propician formas particulares de subjetividad que al convertirse en prácticas de gobierno matizan las identidades ciudadanas. Las políticas públicas inmersas en mensajes implícitos muestran las formas en que se espera sea ejercida la ciudadanía, al establecer los contenidos de los derechos y deberes ciudadanos.

La cuestión de lo anterior me lleva a preguntarme, si dichas modalidades están construyendo ciudadanía y generando un compromiso con las prácticas democráticas.

Como primordial tarea de la Planeación, es comprender las problemáticas que se expresan en el territorio. En el contexto actual resulta complejo, el espacio habitable se va modificando de acuerdo a la toma de decisiones en el ámbito económico y social que se han promovido a lo largo de la historia y que han configurado y transformado el territorio en lugares fragmentados, desiguales y contradictorios, lo cual remite a insuficiencias de la planeación y de la gestión urbana, frente a procesos urbanos complejos, y sobre todo a la consolidación de un espacio social cada vez más polarizado (Coulomb, 1993).

En México, hace cerca de una década dentro de los llamados gobiernos de izquierda en nuestra ciudad, comenzaron a implementarse políticas innovadoras a nivel local que intentan reconstruir, reconfigurar y perfeccionar los componentes de la democracia, por medio de su compromiso a nuevas formas de representación a través de programas que den apertura a espacios públicos u obras que accedan a la ciudadanía abrir camino en la convivencia y reconstrucción del tejido social.

Al respecto Castro Domínguez (2012) comenta que, la combinación de instituciones relaciones, ideas y prácticas de un gobierno, propician formas particulares de subjetividad que al convertirse en prácticas de gobierno matizan las identidades ciudadanas. Las políticas públicas inmersas en mensajes implícitos muestran las formas en que se espera sea ejercida la ciudadanía, al establecer los contenidos de los derechos y deberes ciudadanos.

La cuestión de lo anterior me lleva a preguntarme, si dichas modalidades están construyendo ciudadanía y generando un compromiso con las prácticas democráticas.

La Ciudad de México es un territorio que se encuentra inmerso en un proceso que articula diversos elementos de la sociedad que frecuentemente son contradictorios. La complejidad de factores involucrados en su cotidiano desarrollo ha obligado a que estudiosos de lo urbano centren su atención sobre esos elementos que van dando vida a las relaciones y procesos sociales que se manifiestan en esta ciudad.

Sede de los Poderes de la Unión, el Distrito Federal resulta ser el lugar que ha cargado con el peso y las ventajas de la concentración económica y el centralismo político. Con una población que disminuye su velocidad de crecimiento, el DF se muestra como un fragmento de una imponente zona metropolitana, que comparte, con el Estado de México, problemas ambientales, habitacionales, de servicios públicos, etc. Sin embargo, en lo que respecta a la problemática política, el Estado de México no participa la misma situación, ya que el Distrito Federal perdió desde la década de los 20, la noción de lo que es un gobierno local.

Los capitalinos han buscado diversas formas de ser participes de su ciudad, no solo como usuarios sino también como constructores de ella. Más allá de ser un espacio para vivir, trabajar o dormir, la Ciudad también es el ámbito donde tienen lugar diversas manifestaciones y proyectos políticos, sociales y religiosos que representan distintas formas de apropiación y construcción de esta, partidos políticos, asociaciones de colonos, juntas de vecinos, organizaciones no gubernamentales, grupos ecologistas y comunidades religiosas, etc. Se han dado a la tarea de buscar nuevas formas de organización social.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Gestión Legislativa y Participación Social es una investigación que busca identificar las modalidades de la gestión pública a través de un balance de la influencia de la participación de la sociedad en el proceso de elaboración de leyes que lleva a cabo un órgano de representación local.

Un trabajo sobre el funcionamiento de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que subraya el proceso de eficiencia para elaborar leyes, donde la participación social es el criterio básico para su emisión. Se parte del supuesto de que las leyes mismas son la expresión de políticas públicas, pues representan disposiciones que implicaran acciones sociales especificas al momento de ejecutarse.

La investigación integra características del Estado contemporáneo que comienza a modificar las formas de intervención gubernamental en la elaboración y aplicación de políticas públicas, bajo el diseño de esquemas de apertura en el terreno de la democracia directa.

La ciudad de México se consideró por muchos años la fuente de empleo más atractiva del país, lo cual dio lugar a que miles y miles de habitantes del interior de la República se desplazaran a esta capital en busca de mejor ingreso y nivel de vida. Este hecho pronto concentro a una proporción importante de habitantes en la capital del país, generando alta densidad de población, un agudo contraste de riqueza, miseria, un creciente y caótico complejo urbano. Al paso de los años se han agudizado las condiciones de vida, de tal forma que nuestra Ciudad actualmente se enfrenta a diversos problemas, entre los que destacan: el deterioro del Medio Ambiente; la insuficiencia de vivienda; el desempleo y subempleo: el comercio en la vía Pública: la escasez de satisfactores urbanos básicos (agua, drenaje, alumbrado, etc.); la mayor demanda de educación y sobre todo el crecimiento de la delincuencia que ha afectado la tranquilidad de la población.

Todos estos factores cuya solución representan un verdadero reto, han contribuido a que los niveles de convivencia de la sociedad metropolitana se vean mermados con el tiempo, con lo cual la seguridad y armonía ciudadana se han venido deteriorando. Los actos delictivos continúan proliferando, lo que ensombrece notoriamente los esfuerzos realizados por las autoridades encargadas de la administración e impartición de justicia.

Confrontar una experiencia con una reflexión de como se da la relación desarrollo urbano, participación social, derecho urbano.

Nos ha obligado a profundizar en el conocimiento análisis y estudio del derecho urbano, por considerar que es el único medio de participar de manera positiva en la planeación, regulación y ordenamiento del desarrollo urbano.

El análisis de los diferentes actores que intervienen en la planeación urbana nos ha demostrado que tienen una perspectiva y visión distinta del derecho urbano.

Después de una serie de entrevistas a los diferentes actores que manejan o intervienen en el desarrollo urbano, nos permitió comprobar que un numero muy reducido conocen a fondo la normatividad jurídica, las leyes, los planes y programas de desarrollo urbano que conforman el derecho urbano.

En el Gobierno del Estado de México solo detectamos a diez personas que tienen conocimiento sobre derecho urbano de una manera amplia. Y que el 20% de las personas que manejan la normatividad urbana, solo profundizan sobre la Ley de Asentamientos Humanos y el Plan de los centros de población estratégico del municipio en el que residen y la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente, y uno que otro plano de zonificación secundaria.