El objetivo del trabajo consiste básicamente en demostrar la exclusión de los demandantes de vivienda de menores ingresos de los organismos crediticios públicos. Se parte del supuesto que dichos organismos de financiamiento podrían ser elementos constitutivos de la política social y en este supuesto, cabe la posibilidad de que se conviertan en una alternativa de solución a las necesidades de vivienda de dichos sectores.