La herencia de la industrialización del siglo XIX en la zona metropolitana de Orizaba se materializa en una diversidad de elementos con valor patrimonial, muchos de los cuales se han perdido o se encuentran en estado de abandono, deterioro y están siendo invisibilizados, hecho que manifiesta la necesidad de poner en valor el patrimonio industrial heredado. a ciudad de Orizaba busca integrarse a las dinámicas económicas y del turismo globales y posicionarse como un producto atractivo para los inversionistas, para lo cual se crean
incesantemente atractivos que mantengan la atención del turismo y los visitantes, bajo los términos de la innovación, sin embargo, como ya se ha demostrado en otros casos, este modelo eventualmente tendrá efectos en la ciudad en aspectos como encarecimiento de la vivienda, gentrificación y privatización del espacio público. En Orizaba, la política turística domina la política patrimonial y el patrimonio se convierte en un recurso para mercantilizar, el modelo Orizaba se basa en la recuperación de elementos seleccionados del patrimonio, como la etapa virreinal, frente a la invisibilización de un patrimonio industrial y la memoria.

Según el diario La Jornada, en 2016 en el país se registraron “al menos 420 conflictos socioambientales, la mayoría relacionados con minería, energía y agua, que atentan contra el equilibrio ecológico y el tejido social” (La Jornada 2016). Estos datos señalan que, de los 420 conflictos identificados, 120 corresponden a minería, 80 al sector energético y 75 están relacionados con agua; es decir, casi el 18% de los conflictos socioambientales en el país están vinculados directamente al recurso hídrico, mientras que el 28% de los conflictos están relacionados con la minería, sector en el cual el agua es un recurso indispensable para su operación. Con lo anterior, podemos expresar que existen conflictos vinculados al recurso hídrico de forma directa, en los cuales el agua es el recurso detonante del conflicto. También es posible observar que, en algunos conflictos socioambientales, en los cuales el recurso detonante del conflicto no es en principio el agua, este recurso puede verse amenazado de manera indirecta, con lo que analizar los conflictos por el agua adquiere mayor importancia en tanto que el recurso puede encontrarse amenazado de manera directa e indirecta. El tema del agua ha sido abordado desde hace ya mucho tiempo por múltiples investigadores (Kloster, 2010; Legorreta, 2006; Soto, 2007) y desde diversas perspectivas que van de lo jurídico a lo infraestructural. La paradoja de partida puede sintetizarse en la expresión según la cual “entre más crece la ciudad, más agua necesita y más agua necesita desalojar” (Legorreta, 2006). Las implicaciones de esta dinámica pueden ser abordadas desde la perspectiva físico-natural, social, incluso sanitaria. En este sentido, organismos internacionales han hecho hincapié en la importancia de garantizar agua potable y servicios sanitarios a la población, pues se afirma que “la disponibilidad de agua segura y condiciones mínimas de saneamiento son fundamentales para proteger la salud de las personas” (Organización Panamericana de la Salud, 2016). A pesar de que el derecho al agua se ha reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como un derecho humano, aún se está lejos de poder ofrecer un acceso universal al agua potable y al saneamiento a todos los habitantes. De acuerdo con la última Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las viviendas habitadas en 2015 a nivel nacional, poco más de 77% dispone de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, mientras que 80% cuenta con drenaje. En términos absolutos esto significa que 7,141,289 de viviendas carecen de agua de la red y pública y 6,539,358 no cuentan con drenaje público. En la Ciudad de México, según la misma encuesta, de las 2,599,081 viviendas particulares registradas, 94% está conectada a la red de drenaje y 90% dispone de agua entubada al interior de la vivienda, lo que en términos absolutos significa que hay casi 260,000 hogares que carecen de este servicio en la capital del país.

Como cada temporada de lluvias en el Valle de México, las noticias dan cuenta de la vulnerabilidad de la metrópoli ante el fenómeno de las inundaciones. En junio de 2018, mientras iniciábamos esta investigación, se anunció que una corriente de aguas negras había interrumpido la circulación sobre la calzada Ignacio Zaragoza dejando inhabilitadas 5 estaciones de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Haciendo un recuento sistemático de eventos, pudimos constatar que en los últimos tres años se han presentado al menos 119 encharcamientos en esta vialidad. Las inundaciones no sólo desquician el tránsito, también ponen en riesgo la salud y el patrimonio de los habitantes en territorios específicos. Aquí un par de ejemplos que nos acercan a la magnitud del problema. El 29 de agosto de 2017, el fraccionamiento Valle Dorado en el municipio de Tlalnepantla se vio afectado por la ruptura del Túnel Emisor Poniente, provocando inundaciones de aguas negras y pérdidas materiales considerables para la población aledaña al sistema de drenaje. Dos días después, los medios de información reportaron una “lluvia histórica” que afectó a cuatro alcaldías de la Ciudad de México, registrando más de 150 puntos de encharcamiento; aunado a ello, pero al otro lado de la ciudad, el canal de aguas negras “La Compañía” amenazaba una vez más con desbordarse sobre varias colonias populares de los municipios Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. La temporada de lluvias representa un enorme desafío para las autoridades, en particular si se considera que se llegan a presentar hasta 100 encharcamientos de forma simultánea en diferentes municipios y alcaldías. Tan sólo en la Ciudad de México, según la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIPC), entre 2015 y 2018 se presentaron más de 2 mil encharcamientos e inundaciones. Los desastres causados por las inundaciones en el Valle de México no constituyen un fenómeno nuevo ni tampoco “natural”. Históricamente, esta amenaza ha sido un foco de atención y debate para las autoridades, para el sector académico y más recientemente para la llamada sociedad civil. En esta arena de discusión −que remonta a la época colonial− se han vertido innumerables argumentos científicos y posibles soluciones al problema; asimismo, es en este escenario que se han configurado las decisiones políticas en materia hídrica, en particular, la construcción de obras de infraestructura que ha conducido a la artificialización del medio natural. Debido a este proceso de artificialización, se puede afirmar que hoy el riesgo por 2 inundación depende de la capacidad de la sociedad para controlar su propia obra, fruto de un acumulado de decisiones hídricas pasadas, más o menos certeras.