La historia de la Cuenca del Valle de México es la historia de la ciudad, las inundaciones y el desabasto del agua reflejan la realidad contradictoria que existe en esta región. El gobierno mediante la creación de la Comisión Nacional del Agua y la Ley Nacional de Aguas, establece los principios y estrategias que se deben seguir en el manejo, uso, administración y reutilización del recurso. Los llamados Consejos de la cuenca, creados desde la perspectiva de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, fomentan la cultura del agua y la participación de los distintos actores sociales en el análisis de la problemática. En el marco jurídico que existe en torno a la regulación de este recurso se exalta la importancia de la coordinación y concurrencia de los distintos órdenes de gobierno, pero la falta de instancias que ejecuten las acciones a distintas escalas complejiza el problema. A nivel local, en los pueblos donde se habita población de escasos recursos, existen manantiales y pequeños ríos, que son valorados por la población originaria porque forman parte de su historia de vida y por qué estos los dotan de agua. En San Pablo Chimalpa y Zacamulpa, hay experiencias de gestión comunitarias entorno a la administración del agua que deben de valorarse y evaluarse. En este trabajo se analizará la gestión como proceso que politiza el problema del agua y a los actores involucrados. A pesar de las diferencias administrativas donde se encuentran los pueblos mencionados, la gestión del agua tiene más semejanzas que diferencias lo que refuerza la idea de la naturaleza metropolitana que tienen ciertos fenómenos. Por otra parte, también se debe señalar que desde los pueblos no se identifica una referencia a la cuenca y a los otros niveles de actuación.

Como primordial tarea de la Planeación, es comprender las problemáticas que se expresan en el territorio. En el contexto actual resulta complejo, el espacio habitable se va modificando de acuerdo a la toma de decisiones en el ámbito económico y social que se han promovido a lo largo de la historia y que han configurado y transformado el territorio en lugares fragmentados, desiguales y contradictorios, lo cual remite a insuficiencias de la planeación y de la gestión urbana, frente a procesos urbanos complejos, y sobre todo a la consolidación de un espacio social cada vez más polarizado (Coulomb, 1993).

En México, hace cerca de una década dentro de los llamados gobiernos de izquierda en nuestra ciudad, comenzaron a implementarse políticas innovadoras a nivel local que intentan reconstruir, reconfigurar y perfeccionar los componentes de la democracia, por medio de su compromiso a nuevas formas de representación a través de programas que den apertura a espacios públicos u obras que accedan a la ciudadanía abrir camino en la convivencia y reconstrucción del tejido social.

Al respecto Castro Domínguez (2012) comenta que, la combinación de instituciones relaciones, ideas y prácticas de un gobierno, propician formas particulares de subjetividad que al convertirse en prácticas de gobierno matizan las identidades ciudadanas. Las políticas públicas inmersas en mensajes implícitos muestran las formas en que se espera sea ejercida la ciudadanía, al establecer los contenidos de los derechos y deberes ciudadanos.

La cuestión de lo anterior me lleva a preguntarme, si dichas modalidades están construyendo ciudadanía y generando un compromiso con las prácticas democráticas.

En el Estado de México, se ha adoptado una nueva modalidad de urbanización formal que se caracteriza por su novedosa forma de planificación y organización del espacio, en específico, se habla de los llamados Conjuntos Urbanos, que en los últimos años han sido priorizados de manera conjunta entre las autoridades estatales, municipales e inmobiliarios privados, como la alternativa, sino es que la única opción, en cuanto a la producción formal de la entidad mexiquense.

Una modalidad que ha venido a remplazar y limitar el acceso a otras ofertas de producción formal de suelo, como lo fue en su momento, la figura del fraccionamiento que por décadas fue el medio por el cual se incorporaba suelo urbano de manera formal –e informal– a la entidad. Sin embargo, con el paso del tiempo el fraccionamiento se convirtió en una modalidad que se volvió poco compatible no sólo con la nueva forma de concebir el ordenamiento urbano de la entidad, sino también de favorecer el negocio de la construcción y de aquellas actividades ancladas a este sector. Para ello, fue indispensable crear una nueva figura jurídica denominada Conjunto Urbano, con la intencionalidad de establecer una nueva y compleja lógica de “cómo hacer ciudad”.

La figura de conjunto urbano fue incorporada por primera vez a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México (1993), la cual se reguló bajo la misma estructura normativa de la modalidad del fraccionamiento, sin embargo, con el nuevo marco jurídico que representa el Código Administrativo del Estado de México (2001), se limita el acceso a otras ofertas de suelo y por consiguiente, configura al conjunto urbano como una modalidad de urbanización dominante en la entidad mexiquense. Y para fines de esta investigación, se parte del supuesto de que el nuevo marco normativo caracterizado por simplificar y facilitar la incorporación de suelo urbano, vía conjunto urbano, ha propiciado el boom habitacional de la entidad.

Un boom habitacional que se concentra en determinados municipio de la región del Valle de México, principalmente impulsado por los desarrolladores inmobiliarios quienes se han encargado de tener una fuerte participación en la producción de vivienda de interés social y cuya expresión en el territorio, es la conformación de conglomerados urbanos de grandes dimensiones físicas y amplia repercusión social; sobre todo, porque esta oferta habitacional se localiza cada vez más alejada de los principales centros urbanos y en espacios de grandes contrastes y carencias en cuanto ofertas de empleo, acceso a servicios, equipamientos, infraestructura y oportunidades de desarrollo para la población que hoy día es atraída a estos espacios por la oferta habitacional que en ellos existe.

A lo largo de las últimas dos décadas y media ha sido común afirmar que la hacienda pública municipal es cada vez más sólida. Esta fortaleza del municipio mexicano se explica, entre otras razones, por la reforma municipalista de 1983, un conjunto de variables determinantes de la expansión en la recaudación propia y la distribución de recursos fiscales mediante el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). Generalmente la demostración consiste en comparar la evolución tanto de las trasferencias federales (participaciones y aportaciones), como de los ingresos propios (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras), cuya tendencia incremental se debe también a la eficiencia en la recaudación, por el mejor manejo y conocimiento de la base gravable por parte de los gobiernos municipales, y el inapelable buen funcionamiento del SNCF para distribuir recursos a dicho nivel de gobierno. Si es indiscutible el fortalecimiento de la hacienda municipal, hacer un alto y evaluar qué influencia tienen esas, y otras, variables en la variación fiscal de los municipios no debería presentar mayor problema. Es más la evaluación puede resistir el cuestionamiento siguiente: ¿realmente se han fortalecido los ingresos municipales?

Responder la anterior y otras preguntas conduce a evaluar el alcance efectivo de la descentralización fiscal, tras casi dos décadas y media de ponerse en práctica. Más en específico, implica estudiar el debate en torno al federalismo fiscal; analizar el fortalecimiento de los ingresos públicos municipales, así como su evolución y, finalmente, realizar un estudio de caso sobre la gestión municipal de la hacienda en materia de ingresos. Es decir, en términos espacio – temporales, compromete a investigar la variación de lo ingresos públicos de los municipios metropolitanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México de 1980 a 2005. El federalismo grosso modo alude a una forma de organización del gobierno que por acuerdo de los integrantes de la federación se distribuyen responsabilidades entre los mismos para el mejor desempeño de la función pública. Precisamente el federalismo fiscal es el acuerdo alcanzado por las partes para tributar y gastar, buscando lograr la eficiencia y equidad de la política fiscal.

La ciudad para los habitantes, de acuerdo a su imaginario urbano, es una serie de espacios dispersos en delegaciones como Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez y Cuauhtémoc. En ese sentido, la ciudad que se plasma en los estudios urbanos sobre el tema, se refiere a estas demarcaciones; las exploraciones de la cultura urbana, prácticas, consumo y usos de la ciudad han privilegiado este territorio de la ciudad. En algunos casos, se han extendido un poco más hacia la periferia abarcando áreas como Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac e incluso, parte de lo que ya constituye el área metropolitana de la ciudad como Chalco y Nezahualcóyotl.

Sin embargo, un espacio que no aparece ni en la representación de los habitantes, ni en la investigación urbana y menos aún en la literatura sobre el tema es el espacio del norte de la ciudad a pesar de su colindancia con el área central (Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo). Si nos guiamos por el testimonio que va quedando en las crónicas, reseñas y etnografías sobre la ciudad pareciera un espacio no habitado, no comprendido en las prácticas, usos e imaginarios que de la ciudad construyen, incluso sus mismos habitantes.

La estructura de las ciudades es resultado de las formas de producción urbana que están dadas por la correlación entre el comportamiento del suelo y la política del Estado. La dinámica del suelo (comprendido con todos sus elementos como la disponibilidad, el tipo de tenencia, la localización) esta vinculada a la política del Estado, que se rige desde un referente teórico y conceptual de desarrollo. Las concepciones que prevalecen en el Estado contribuyen para modificar la estructura de la ciudad y para incorporar nuevos elementos. Cuando el Estado modifica su concepción de desarrollo, transforma y reestructura su aparato institucional y normativo.

Desde la década de los ochenta surge en el ámbito internacional la concepción teórica del desarrollo global, que busca que los Estados Nación apliquen políticas de corte neoliberal que señalan modificaciones legales e institucionales que conllevan a su adelgazamiento. La globalización busca integrar a los Estados a la competencia del libre mercado, y éstos deben ser competitivos si quieren “sobrevivir”, para lograrlo tienen que garantizar las “nuevas” condiciones generales de la producción, siendo el desarrollo urbano el encargado de materializarlo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial son los mecanismos institucionales principales, que se han hecho cargo de elaborar las directrices, difundir los “beneficios” (sic) y vigilar en los países el desarrollo de los lineamientos neoliberales que buscan funcionar de manera global.

Con la concepción teórica global, el Estado aplica un modelo que bien puede denominarse “liberalismo urbano”, entendido como la libertad del capital privado para que inviertan en las ciudades y proliferen megaproyectos inmobiliarios destinados al terciario avanzado; asimismo la libertad para controlar y promover la producción habitacional y hacerla de manera masiva y en serie, limitándose la acción del Estado a suministrar la infraestructura y los servicios urbanos, todo con la intención de incidir en las metrópolis para que adapten su crecimiento y distribución espacial en función de las actividades económicas regidas por la lógica de las 7 “ciudades globales”, la cual consiste en la competencia de regiones articuladas por nodos urbanos, que constituyan un sistema urbano nacional que a su vez se inserte con el sistema urbano global.

Este trabajo pretende contribuir a la explicación de la morfología del Espacio Público en la Ciudad de México, reconociendo desde luego que tal tarea no podrá ser agotada aquí, ya que la producción del mismo es un fenómeno que se ha dado a lo largo de muchos siglos y sobre todo porque es resultado de la participación de una inconmensurable cantidad de comunidades, las que con su trabajo y con la aportación de sus recursos han tratado de construir un espacio propio en el cual reproducirse y continuarse.

El presente trabajo tiene por objeto analizar tres municipalidades que fueron industrializadas a partir del modelo de sustitución de importaciones. Dos de ellas, me refiero a Naucalpan y Tlalnepantla, son muy similares y observan la característica clásica de la conurbación, la tercera es Cuautitlán Izcalli el cual selecciono como elemento de estudio, debido a que es el ultimo municipio creado con zonificación industrial en el contexto de crecimiento hacia adentro. La importancia de este trabajo, radica en como han evolucionado estos en una realidad económica cambiante, es decir, tres municipios que crecen en el modelo de sustitución de importaciones y cómo les impacta la puesta en vigor de un modelo económico diferente “el de la apertura comercial”; siendo Naucalpan y Tlalnepantla municipios pioneros de la conurbación derivada del crecimiento de la bonanza de la postguerra y Cuautitlán Izcalli donde se establecen los últimos parques y ciudades industriales.