A partir de las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1983, el estudio de lo que, genéricamente, podemos denominar la cuestión municipal, ha ocupado diversos espacios de discusión, tanto en el medio académico como en el político.

En la academia se han realizado investigaciones tendientes a analizar los cambios en el diseño institucional de la vida municipal. Tanto desde la esfera general del Estado (marco jurídico, finanzas, planeación, descentralización, entre otros), como desde el funcionamiento de los gobiernos locales (innovaciones administrativas, modos de gestión, relación con otras esferas de gobierno); resultando una gama de enfoques y perspectivas.

Encontramos, básicamente, dos posiciones: por un lado, quienes mantienen una posición optimista respecto a la capacidad de gestión de los gobiernos locales (a partir del principio de autonomía) con efectos positivos en el nivel de vida de la población y; quienes opinan que la descentralización es una manera como el Estado rehúye responsabilidades y obligaciones, para dejarlas en manos de unos, estructuralmente, debilitados gobiernos municipales.

En los noventa es notoria la producción de una basta literatura basada en estudios de caso que, partiendo del análisis de la alternancia política en los gobiernos locales, han señalado una serie de tendencias en torno a la gestión municipal; ya sea con relación a los modelos de gestión administrativa o vinculadas al modo de relación predominante entre gobernantes y gobernados. Tales estudios coinciden en que, efectivamente, se han modificado las formas de gestión municipal. Describen experiencias de innovaciones en la estructura y operación de los aparatos administrativos sustentadas en criterios de eficiencia y eficacia; así como de una creciente participación ciudadana, vigilante, propositiva y colaboradora en los asuntos locales.